Por Cada día, en promedio, son violadas 243 mujeres mayores de 18 años en el país; la impunidad prevalece en la mayoría de estos delitos.
Redacción
La violencia sexual contra las mujeres en México es un problema grave, extendido y en aumento que, en los hechos, representa uno de los principales obstáculos para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de acuerdo con una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “El panorama de la violencia sexual contra las mujeres en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señala que tan solo en el 2021, de acuerdo con datos del INEGI, se calcula que se cometieron 1.7 millones de delitos sexuales contra las mujeres que van desde el acoso hasta la violación.
La investigación del IBD revela que, durante el primer semestre de 2023, cada día se denunciaron en promedio 66 presuntos delitos de violación en las procuradurías y fiscalías de las entidades, sin embargo, advierte que la mayoría de las víctimas no denuncia, por lo que la cifra negra del delito de violación es mucho más alta.
En ese sentido, señala que, según los últimos datos del INEGI, en el 2021 se habrían cometido más de 88 mil violaciones de mujeres, lo que significaría que, en promedio, cada día habrían sido violadas 243 mujeres mayores de 18 años en todo el país.
En cuanto al castigo de estos delitos, prevalece la impunidad. Por ejemplo, en el 2021, año en el que se registraron 1.7 millones de delitos sexuales, solo fueron recluidas 10,807 personas a las cárceles del país acusadas de delitos contra la libertad y seguridad sexual, lo que implica que, por cada 157 delitos sexuales cometidos en ese año, sólo una persona pisó la cárcel.
Estos números reflejan una situación inaceptable, así como la urgente necesidad de tomar acciones inmediatas para garantizar la seguridad y protección de las mujeres, considera el estudio.
En los últimos años, el Congreso de la Unión ha aprobado algunas reformas para atender la violencia sexual contra las mujeres, como la prisión preventiva oficiosa para abusadores de menores de edad, la “Ley Olimpia” y la “3 de 3” contra la violencia de género. Otras reformas, como la eliminación de la prescripción para el delito de violación y medidas más drásticas, como la castración química para violadores, siguen siendo analizadas por el Congreso.
