Por La Secretaría de Contraloría asegura que se trata de aclaraciones administrativas; habrá plazo de 90 días para solventar, tal como informó la ASF.
La Secretaría de Contraloría del Gobierno de Hidalgo informó que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 corresponden en su totalidad a señalamientos de carácter administrativo o solicitudes de aclaración, sin que exista hasta el momento una determinación firme de daño patrimonial ni acciones judiciales o de responsabilidad administrativa en curso.
De acuerdo con el comunicado oficial, como parte del proceso ordinario de fiscalización, la ASF otorga un plazo de 90 días para que las entidades presenten información adicional y documentación complementaria a fin de aclarar los aspectos técnicos observados.
Respecto a los casos específicos señalados por la autoridad fiscalizadora, la Contraloría precisó que en la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tienen parentesco con un legislador, la observación se refiere a la necesidad de ampliar información sobre el proceso de adjudicación. Indicó que la posible relación familiar no configura por sí misma un conflicto de interés en términos legales; no obstante, la dependencia estatal, encabezada por Álvaro Bardales, revisará y documentará el procedimiento para disipar cualquier duda.
Te puede interesar 👇🏼
En relación con los seguros catastróficos para el campo y el ganado, el Gobierno estatal afirmó contar con la documentación que acredita la contratación y los mecanismos de cobertura en beneficio de productores afectados, información que será presentada nuevamente para su valoración durante el proceso de aclaración.
Sobre el esquema de nómina observado, se explicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal aplicable al sector público en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), instrumentado mediante comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales conforme a la normatividad vigente, por lo que se aportarán los elementos técnicos que acreditan su legalidad.
En cuanto a los pagos observados por aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario, la dependencia indicó que corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral, situación que será plenamente acreditada ante la autoridad fiscalizadora.
Finalmente, sobre el municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión del destino de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones correspondientes para esclarecer los hechos y, en su caso, realizar las acciones pertinentes.
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración plena con las instancias fiscalizadoras, subrayando que las observaciones forman parte del proceso normal de revisión y serán atendidas con responsabilidad, certeza técnica y apertura a la ciudadanía.
Asimismo, enfatizó que “no hay daño patrimonial determinado; son aclaraciones administrativas” y que el plazo de 90 días permitirá documentar todo el proceso con absoluta transparencia.
