Por Plantean eliminar el límite del 8% de sobrerrepresentación, reducir el financiamiento a partidos y mantener la autonomía de autoridades electorales.
A través de un desplegado dirigido “a la opinión pública, a los diputados y senadores”, los exgobernadores Francisco Labastida Ochoa y Manlio Fabio Beltrones, así como Diego Fernández de Cevallos y Jorge Alcocer V., hicieron un llamado a mejorar la democracia mexicana sin “distorsionarla ni abaratarla”, en el contexto de la discusión de una eventual reforma electoral.
En el documento, los firmantes sostienen que México requiere una democracia de calidad, con autoridades electorales autónomas e independientes que garanticen altos estándares de transparencia en cada etapa de los procesos comiciales.
En ese sentido, subrayan la importancia de preservar la profesionalización del personal del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs), así como mantener el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Eliminarlo, advierten, implicaría un retroceso equivalente a regresar a 1988.
Sobrerrepresentación y límites en la Cámara de Diputados
Los promoventes señalan que, aunque las reglas para integrar la Cámara de Diputados vigentes desde 1996 habían reflejado de manera adecuada la voluntad popular, en 2024 —afirman— la alianza encabezada por Morena obtuvo una sobrerrepresentación que, con 54% de los votos, derivó en 73% de las curules. Consideran que esta situación no debe repetirse.
Por ello, proponen eliminar por completo el límite del 8% de sobrerrepresentación y establecer un tope máximo de 300 diputaciones para cualquier partido político o coalición, con el objetivo de que los votos se reflejen de mejor manera en el número de escaños.
Reconfiguración del Senado.
En el caso del Senado, coinciden en suprimir los 32 escaños de lista nacional; sin embargo, plantean que la Cámara se integre por 96 senadores, electos mediante 32 listas estatales con tres escaños por entidad federativa, utilizando un método de asignación de proporcionalidad directa, para evitar distorsiones en la representación.
Financiamiento y uso de tiempos oficiales.
El desplegado también propone reducir el financiamiento público a los partidos políticos, el cual —señalan— ha llegado a montos que resultan ofensivos para la sociedad. No obstante, precisan que dicha reducción debe realizarse sin afectar la equidad en la competencia electoral.
Asimismo, llaman a garantizar que los programas sociales no se utilicen con fines partidistas y que el tiempo oficial del Estado durante los procesos electorales permanezca, aunque con un ajuste en su uso para privilegiar menos spots y más información y debates.
Finalmente, los firmantes exhortaron al gobierno, a legisladores y partidos políticos a abrir cauces de diálogo y construcción de acuerdos, con el objetivo de fortalecer la calidad de la democracia mexicana y asegurar elecciones libres y justas, apegadas a la voluntad popular.
