Por Señala la organización protectora de derechos humanos que las megaobras atropellan a las personas más vulnerables
La expropiación de bienes por parte del Estado, a pesar de haberse matizado con supuestas acciones de ocupación temporal, pone en riesgo los derechos de las personas y la democracia del país, así lo advirtió el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”.
Su presidente Jesús Rey Fierro Hernández recordó que las consecuencias son negativas para el Estado mexicano y van desde la pérdida de confianza en las instituciones, hasta el debilitamiento en la inversión y el emprendimiento, de manera particular, para aquellos grupos considerados como vulnerables.
El riesgo de manifestar la ocupación temporal (o en los hechos de una expropiación) de territorios o bienes ocupados por la sociedad civil, de manera individual o en grupos, genera incertidumbre y crea un ambiente de desconfianza que afectará la estabilidad política y social de un país; más, si estas acciones se llevan a cabo de manera arbitraria o sin justificación”
Lex-magister
Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta un interés superior sobre territorios ocupados por personas de origen indígena, de tal suerte que garantiza el derecho a llevar a cabo una consulta previa, libre e informada, sobre aquellas decisiones que les afectan o pudiera afectar.
El desarrollo de megaobras en esta administración federal, por ejemplo, la ampliación de la Base Aérea Militar de ‘Santa Lucía’ en uno de carácter civil se llevó a cabo con el atropello de las poblaciones consideradas originarias de aquella zona mexiquense.
Fierro Hernández detalló que eventos como el Desarrollo Integral Morelos para ampliar un gasoducto -que intenta conectar las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos– o el desarrollo de la refinería de “Dos Bocas” en Tabasco, evidencian el atropello sistemático de las culturas originarias.
También, la construcción del Tren Maya y del Corredor Transístmico han pasado por el atropello de comunidades indígenas y grupos sociales debidamente organizados a costa de la intervención de las fuerzas armadas, situación que genera incertidumbre y más, en medio de una jornada electoral que se desarrolla en dos entidades del país, Coahuila y México”.
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