Por Por Yarely Melo Rodríguez
Durante años se ha instalado una idea tan repetida como falsa: que el presidente municipal decide solo en qué se gasta el dinero del municipio.
Por eso, cuando hay obras innecesarias, gastos inexplicables o prioridades invertidas, toda la presión pública se concentra en una sola figura. Como si el presupuesto fuera un acto de voluntad personal y no una decisión institucional.
La realidad es otra.
El presupuesto municipal no es propiedad del presidente, ni una bolsa discrecional, ni un cheque en blanco. Es un instrumento legal que debe ser discutido, autorizado y vigilado por el Cabildo, porque el gobierno municipal no es unipersonal: es colegiado.
El problema es que muchas veces solo parece colegiado en el papel.
El diseño institucional es claro: el presupuesto se construye, se analiza y se aprueba con la participación de síndicos y regidores. Su función no es acompañar ni aplaudir, sino deliberar, cuestionar y corregir. Ahí debería ocurrir el verdadero debate sobre prioridades, necesidades y destino del dinero público.
Pero en la práctica, ese debate suele ser sustituido por la simulación.
Presupuestos entregados tarde.
Información incompleta.
Sesiones apresuradas.
Votaciones en automático.
Así, el presupuesto deja de ser una herramienta de planeación y se convierte en un trámite. Y cuando eso ocurre, el Cabildo se vacía de contenido y el poder se concentra sin contrapeso real.
No es casualidad que después vengan los reclamos ciudadanos: obras que no se necesitaban,
servicios básicos abandonados, gastos que nadie explica.
La pregunta incómoda no es solo “¿por qué el presidente hizo esto?”,
sino ¿quién autorizó que lo hiciera sin discusión?
Cuando el presupuesto se aprueba sin análisis, no falla solo una persona. Falla el órgano que debía equilibrar el poder.
Y aquí hay una verdad que incomoda a todos: el presupuesto municipal se presta a la concentración del poder porque durante las campañas nadie habla de él, y porque la ciudadanía ha sido educada para pensar que gobernar es gastar, no explicar.
Pero gobernar no es gastar dinero.
Gobernar es decidir con criterio público, justificar prioridades y rendir cuentas.
En palabras de Jürgen Habermas, cuando las decisiones públicas se reducen a procedimientos técnicos y dejan de discutirse, la democracia pierde su contenido deliberativo, aunque conserve su forma.
Mientras sigamos creyendo que el presupuesto es del presidente, seguiremos normalizando gobiernos donde el Cabildo existe, pero no gobierna; donde el dinero se ejerce, pero no se explica; y donde la rendición de cuentas llega tarde, cuando el daño ya está hecho.
Entender cómo funciona el presupuesto municipal no es un tema técnico reservado a especialistas.
Es una condición mínima para exigir gobiernos que no confundan poder con discrecionalidad.
Porque el dinero público no manda solo.
Y cuando nadie lo discute, alguien siempre lo aprovecha.
Yarely Melo Rodríguez
Poder con Propósito
