Por La ASF realizó la Segunda Entrega de Informes Individuales correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022
En la segunda entrega del informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario por más de 7 mil millones de pesos .
El titular de la ASF, David Colmenares , entregó a la Cámara de Diputados el segundo informe en el que detalló que los resultados son de 708 auditorías por parte del órgano rector.
Colmenares Páramo, mencionó que se presentan 708 informes individuales, entre ellos 113 auditorías de cumplimiento, 54 de desempeño y 541 sobre gasto federalizado, documentos que se encuentran en el sitio web de la institución. “El resto de los resultados de la fiscalización de esta Cuenta Pública tendrá lugar en el mes de febrero de 2024”.
Por su parte, las auditorías realizadas a los estados y municipios fueron 541, de las cuales observaron un monto de 5 mil 865 millones de pesos, de esos se han recuperado mil 200 millones de pesos; y faltan por aclarar 4 mil 664 millones de pesos .
Entre los resultados más relevantes de la segunda entrega están el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 que incluye mil 735 revisiones a los recursos federales transferidos practicadas a través de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, que representan alrededor de cuatro quintas partes del total programado por la ASF en esa Cuenta Pública.
“Hoy se entrega a la Comisión de Vigilancia de la ASF 541 informes individuales al gasto federalizado, las cuales representan más del 30 por ciento del total de revisiones programadas a este tipo de recursos”, señaló.
Destacó que por primera vez se aplicó un modelo integral que contempló la revisión de la totalidad de los recursos de origen federal ejercidos en un mismo proceso de revisión para las 35 universidades, así como a la Secretaría de Educación Pública por ser la coordinadora del programa.
También, se efectuaron 116 auditorías a los recursos del Ramo General 28, denominados “Participaciones Federales”, en donde en 33 de ellas se revisó su distribución y pago por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las 32 entidades federativas y de éstas a sus municipios y alcaldías.
Asimismo, se practicaron 32, una a cada entidad federativa, respecto a las Disponibilidades de Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas con el principio de anualidad, con el fin de complementar y contar con un mayor alcance en la revisión del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2022.
Afirmó que como resultado de implementar los nuevos modelos de auditoría al gasto federalizado de la Cuenta Pública 2022, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la Federación, a raíz de la intervención de la ASF, recursos por más de mil 200.2 millones de pesos. Agregó que, con base en las 541 que conforman esta segunda entrega, se determinaron cuatro mil 665 millones de pesos por aclarar por parte de las entidades fiscalizadas.
Mencionó que los rubros por aclarar más importantes se refieren a recursos del gasto federalizado transferidos a las 35 UPES por un monto de mil 577 millones de pesos, que representan el 33 por ciento del total observado; Instituciones de educación media superior y superior en su vertiente tecnológica y politécnica por 539.9 millones de pesos. Así como al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), por un monto de 692.9 millones de pesos, y la distribución de las participaciones federales en las entidades federativas a los municipios por 687.1 millones de pesos.
Indicó que estos montos se asocian a irregularidades por pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto, recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa y transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, además de otras irregularidades detectadas.
Respecto a las forenses al gasto federalizado, mencionó que se practicaron 10, entre ellas al gobierno de Durango y a los municipios de Juárez, Chihuahua, Torreón, Coahuila, Tlalnepantla, Estado de México y Solidaridad, Quintana Roo. Estas, añadió, consistieron en la revisión pormenorizada del cumplimiento de la legislación y normatividad administrativa aplicables a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, así como a la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma.
En el tema de inversiones físicas federales detalló que se realizaron 42, que totalizaron recursos fiscalizados por 48 mil 495.1 millones de pesos con una muestra revisada de 28 mil 471.5 millones de pesos, lo que representó el 58.7 por ciento de alcance, y al respecto se observaron 35.4 millones de pesos.
Entre las entidades fiscalizadas destacan, por su importancia, Pemex, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Conagua, la Administración del Sistema Portuario Nacional, Banjército, ISSSTE y el IMSS.
La ASF revisó 64 auditorías financieras que involucraron un –universo de mil 541.8 billones de pesos, una muestra revisada de 649 mil millones de pesos, con un alcance del 42 por ciento, y un monto observado de 583.7 millones de pesos.
Entre las principales entidades fiscalizadas por el monto revisado se encuentran Pemex, la CFE, el ISSSTE, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Conahcyt, la Sociedad Hipotecaria Federal, las secretarías de Agricultura, de Educación Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo, de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano, entre otras.
En el caso de Pemex, se revisaron las erogaciones por servicios de arrendamiento de equipo terrestre, mantenimiento, rehabilitación, la adquisición de la refinería (Deer Park), la producción y comercialización de fertilizantes, los ingresos por venta de negro de humo y combustóleo, por el otorgamiento y supervisión de permisos para la operación de gasolineras, así como el comportamiento de la deuda de Pemex.
En cuanto a CFE se revisaron las erogaciones por arrendamientos de servicios de transportación aérea, adquisición y ensamble de combustible nuclear y la adquisición de cable para acometidas y medidores de media y baja tensión; asimismo, se auditaron los ingresos por la venta de energía eléctrica de CFE Generación I, la deuda de los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y el otorgamiento y recuperación de préstamos a trabajadores.
También se practicaron revisiones de ciberseguridad de carácter preventivo, de las cuales emitió recomendaciones para fortalecer los controles en esta materia. En la Cuenta Pública 2022 se identificaron mejoras respecto a revisiones previas, como es el caso de BANJERCITO, NAFINSA y la SHCP que aumentaron el nivel de los controles de un rango bajo a uno medio.
Indicó que emitió 321 recomendaciones al desempeño. A desarrollo social, se realizaron 6 auditorías: tres correspondieron al tema del cáncer de la mujer en el IMSS, el ISSSTE y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.
Dos más se relacionan con el tema de la salud mental, efectuadas en la Secretaría de Salud, los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
