Por Advierten que persiste desigualdad, simulación en la representación y falta de ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional de 2024.
En el marco del foro “Los Acuerdos de San Andrés, 30 años después: Pretensiones, avances, pendientes, exigencias”, impulsado por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), se realizó un balance crítico sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos tras la firma de los acuerdos en 1996.
Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena, recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron tres décadas de la firma de dichos acuerdos, los cuales —señaló— fueron traicionados al no aprobarse la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, conocida como Ley Cocopa.
Indicó que si bien la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas permitió detener la guerra y abrir espacios institucionales, la situación actual de los pueblos indígenas continúa siendo grave. Afirmó que la desigualdad, la inseguridad y la discriminación se han incrementado desde entonces.
También denunció una omisión legislativa respecto a la ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional de septiembre de 2024, cuyo plazo venció en marzo de 2025. Precisó que al 17 de febrero de este año se cumplió un año, cuatro meses y 17 días sin que el Congreso haya emitido dicha legislación secundaria.
En materia presupuestal, expuso que el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos ha sufrido recortes significativos en años anteriores, lo que ha limitado la incidencia institucional en regiones indígenas. Además, alertó sobre el riesgo de que la ley reglamentaria se legitime mediante procesos de consulta que no cumplan con los principios de consentimiento previo, libre e informado establecidos en instrumentos internacionales.
Por su parte, la socióloga Griselda Galicia subrayó que uno de los principales pendientes es el reconocimiento pleno de la identidad política de los pueblos indígenas y su participación efectiva en la toma de decisiones. Cuestionó que, pese a que más de 25 millones de personas se adscriben como indígenas en el país, no exista una representación proporcional en el Congreso Federal.
Añadió que, aun con acciones afirmativas, persisten prácticas de simulación en la representación legislativa, al advertir que muchos perfiles continúan siendo cuotas partidistas y no representantes reales de los intereses de los pueblos indígenas.
Asimismo, sostuvo que mientras no exista acceso real al poder político, no habrá cambios estructurales que generen bienestar en las comunidades, por lo que la transformación seguirá siendo parcial y la deuda histórica con los pueblos indígenas permanecerá vigente.
Desde la experiencia en los diálogos de San Andrés, Abelardo Torres Cortés recordó que los acuerdos implicaban una reforma profunda del marco constitucional en temas como autonomía, tierra, territorio, representación política y género, aspectos que —dijo— enfrentaron fuertes resistencias por parte de operadores del gobierno federal en su momento.
