Por -La iniciativa busca corregir una omisión legal que deja en el desamparo a viudas e hijos de quienes ya habían generado el derecho a pensión.
Con el objetivo de fortalecer el acceso efectivo a la seguridad social para las familias mexicanas, la diputada, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social.
La propuesta plantea que los beneficiarios de trabajadores fallecidos puedan acceder a una pensión, aun si el asegurado no alcanzó 52 semanas de cotización tras reingresar al régimen obligatorio del IMSS, siempre y cuando ya hubiese generado ese derecho en periodos anteriores de cotización.
Rubio Sánchez explicó que la actual redacción legal impide a viudas e hijos acceder a una pensión si el trabajador fallece antes de cumplir el nuevo periodo de cotización, aunque ya hubiera acumulado semanas suficientes en su historial laboral previo.
“La muerte, como causa de fuerza mayor, no puede operar en perjuicio de quienes, de haber continuado con vida, habrían cumplido sin dificultad el requisito de semanas adicionales”, subrayó.
Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la aplicación rígida de dicho artículo en estos casos, al considerar que vulnera el derecho fundamental a la seguridad social y desconoce las expectativas legítimas generadas por cotizaciones previas.
La legisladora enfatizó que esta propuesta no crea nuevos derechos ni representa una carga adicional para el Estado o el IMSS, sino que reconoce derechos ya generados por los trabajadores en vida. “Es una reforma de justicia normativa que llena un vacío legal perfectamente identificado”, señaló.
Además, destacó que la medida está en armonía con la Constitución y con tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 102 de la OIT, reforzando así el principio de progresividad de los derechos sociales.
“La justicia social, núcleo del constitucionalismo mexicano, se ve fortalecida con esta medida, al dar certeza jurídica a miles de familias mexicanas que hoy enfrentan incertidumbre por la pérdida de un ser querido y la negativa del sistema a reconocer derechos adquiridos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis y dictamen.
