Por Conflicto de intereses y la ética que no admite excusas
Por Yarely Melo Rodríguez
No todo lo que es legal es responsable.
Y no todo lo responsable cabe en la ley.
Max Weber lo advirtió hace más de un siglo, cuando distinguió entre dos formas de ética en la vida pública: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera se conforma con la intención; la segunda asume las consecuencias. Gobernar —decía Weber— no es solo querer el bien, sino hacerse cargo de lo que se provoca al ejercer poder.
El conflicto de intereses aparece precisamente cuando esa responsabilidad se diluye.
En días recientes se ha conocido la asignación de un contrato público por 993 millones de pesos, destinado a vivienda social, vinculado a una persona que hoy ostenta un cargo legislativo. El dato, por sí solo, no constituye una condena. Pero sí coloca al poder frente a una pregunta ineludible:
¿quién responde cuando el interés privado y la función pública se rozan?
Desde la ética de la responsabilidad, no basta decir no es ilegal.
La pregunta correcta es otra: ¿qué efectos tiene esto sobre la confianza pública?
Weber fue claro: quien ejerce poder debe aceptar que sus decisiones no se juzgan solo por su intención, sino por su impacto. El servidor público responsable no se limita a cumplir la norma mínima; anticipa el daño posible, incluso cuando ese daño es simbólico. Y en política, el daño simbólico —la sospecha, la duda, la desconfianza— también gobierna.
El conflicto de intereses no es una acusación moral, es una advertencia institucional. Señala un punto donde el poder debería detenerse, explicarse o abstenerse. No porque alguien lo obligue, sino porque la responsabilidad así lo exige.
En democracias maduras, la ética de la responsabilidad se traduce en actos concretos: excusarse de decisiones, transparentar vínculos, separar funciones, renunciar a beneficios. No como gesto heroico, sino como práctica ordinaria del poder consciente de su peso.
En México, en cambio, hemos normalizado otra ética: la de la justificación.
Mientras no haya sanción, todo se defiende.
Mientras no haya sentencia, todo se tolera.
Pero gobernar no es administrar vacíos legales.
Es responder por lo que se hace posible desde el cargo.
La vivienda social no es un rubro técnico más. Involucra derechos, dignidad y futuro. Cuando ese ámbito se cruza con intereses privados de quienes participan en el diseño, la aprobación o el entorno de la decisión pública, la responsabilidad política se vuelve ineludible, aunque el derecho aún no se pronuncie.
Esta columna no señala personas. Señala un principio.
Porque el poder que solo se rige por convicciones propias, y no por responsabilidad pública, termina justificándolo todo. Y eso, advirtió Weber, es el camino más corto hacia la degradación del Estado.
Ejercer el poder con propósito implica aceptar límites.
Implica saber que no todo lo que se puede, se debe.
Y que la responsabilidad —a diferencia de la excusa— no se delega.
Cuando el poder asume esa ética, no necesita defenderse.
Se sostiene solo.
Yarely Melo Rodríguez
Abogada | Maestra en Administración Pública
Columna Poder con Propósito
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