Por -Se unen jueces y magistrados a trabajadores en paro.
La Asociación Nacional de Magistrados de circuito y Jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) emitió la Declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del PJF.
Con la exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el organismo colegiado decretó la suspensión de actividades en los siguientes órganos jurisdiccionales del PJF:
Plenos regionales; tribunales colegiados de circuito; tribunales colegiados de circuito auxiliares; tribunales colegiados de apelación; juzgados de distrito; juzgados de distrito auxiliares; tribunales laborales federales; centros de justicia penal federal.
También, el Centro Nacional de Justicia Especializado en Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
La suspensión de actividades inicia a las cero horas del miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta en tanto no se satisfaga la petición a que se refieren los puntos 9 y 15, o así lo dispongan las Mesas Directiva Nacional y Regionales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C. (JUFED).
La Declaratoria tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general, y de los integrantes de la judicatura en lo particular, sobre la “reforma judicial” derivada de la iniciativa de 5 de febrero de 2024 del Presidente de la República.
La JUFED señaló que “en consideración nuestra y de amplios sectores nacionales y extranjeros de la academia, de la abogacía, de organizaciones de defensa de derechos humanos y otras agrupaciones gremiales, así como de organismos internacionales plenamente reconocidos por el Estado mexicano, la iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial”.
En consecuencia, la suspensión de actividades jurisdiccionales constituye el medio para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión que detengan el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia, finaliza el comunicado.
