Por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció las recientes reformas legislativas del Estado Mexicano, destinadas a prohibir y sancionar los intentos de modificar o suprimir las orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género no normativas. La CIDH exhortó a los Estados de la región a erradicar estas prácticas y proteger a las personas LGBTI de tales formas de violencia.
El Senado de la República aprobó las reformas que modifican el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, estableciendo sanciones para quienes realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias, servicios o prácticas que obstaculicen, restrinjan, impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Estas reformas, adoptadas en abril pasado, entraron en vigor el 8 de junio tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se establece que los profesionales de la salud involucrados en estas prácticas podrán ser suspendidos de su ejercicio profesional.
La Comisión considera que los intentos de modificar o suprimir la orientación sexual y/o identidad de género son actos de violencia inherentemente discriminatorios, con un impacto desproporcionado sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes están en mayor riesgo de ser sometidos a estas prácticas.
Las prácticas conocidas como “terapias de conversión” buscan eliminar o modificar la diversidad de género y sexual a través de métodos como castigos, confinamientos, abuso verbal, humillaciones, intervenciones psicoterapéuticas, suministro forzado de fármacos, y abuso psicológico, físico o sexual. Dependiendo de la gravedad del sufrimiento infligido, estas prácticas pueden constituir tortura.
La Comisión, junto con el Comité de los Derechos del Niño y expertos de la ONU, advirtió que estas acciones son dañinas, contrarias a la ética y carecen de fundamento científico. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también ha señalado que estos tratamientos representan una grave amenaza a la salud y los derechos humanos de las personas afectadas.
La CIDH instó a los Estados a tomar acciones concretas para erradicar estas prácticas, incluyendo campañas informativas, educativas y de prevención, además de las medidas punitivas. La Comisión manifiesta su disposición para colaborar con los Estados y la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI.
