Suponiendo…sin conceder 

Suponiendo…sin conceder 

La lenta, cansada e interminable cuesta de la justicia

Por: Fernando Hidalgo Vergara ( @FHidalgoVergara)

Así, cuesta arriba, cansada parece ser la subida de la justicia para llegar a castigar a funcionarios del corrupto pasado que cometieron infidelidades en su encargo dentro del servicio público. 

Al menos así parece en el discurso del gobierno de la transformación, que no termina por concretar acciones de verdadera anticorrupción para quedar en la frívola superficialidad de la proclama. 

Durante la entrega de resultados de las declaraciones patrimoniales, un día después del vencimiento del plazo para cumplir tal requisito, se ventiló la “posibilidad” de que “entre 15 y 20” exfuncionarios de la administración pasada tengan inconsistencias en su evolución patrimonial vinculada a un posible conflicto de intereses.

El contralor estatal, Álvaro Bardales, tiene ante sí la oportunidad de desechar el sino de la cuatroté y concretar los actos del combate a la corrupción que tiene más letras en los medios de comunicación que en carpetas de investigación.

Bardales Ramírez señaló que sí se tienen inicios de procedimientos de responsabilidades donde detectaron  discrepancias en lo que llamó “evolución patrimonial” y una vinculación o conexión con conflictos de interés.

Adelantó que se trabaja sobre un universo de 15 a 20 casos, todos de la administración pasada y uno de los mismos se vincula a un funcionario del gabinete de primer nivel.

La declaración patrimonial es una obligación legal de servidores públicos, una recopilación de datos que, en su carácter público, permite saber claramente quienes tienen qué.

Sin más, el contralor estatal tiene en sus manos documentos oficiales donde se demuestra quienes sí y quienes no incurrieron en esa incongruencia en la evolución patrimonial.

Tiene en sus manos investigaciones periodísticas de medios de comunicación como la revista Plétora Lex, la primera en revelar el patrimonio escandaloso de servidores públicos del pasado. 

Tiene todas las herramientas jurídicas para asestar ya, sin tanto rodeo ni preámbulo un verdadero golpe a la corrupción. 

A menos, claro, que ese preámbulo y rodeos sean convenientes, sobre todo en épocas electorales.

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