Por La iniciativa proponía derogar disposiciones sobre proporcionalidad salarial en el organismo.
La iniciativa que planteaba reformas a las disposiciones relacionadas con la proporcionalidad de salarios en organismos públicos que sería presentada este martes en el Congreso de Hidalgo fue retirada del orden del día de la sesión ordinaria, pese a estar contemplada desde el día anterior.
En el Congreso del Estado de Hidalgo se presentaría la iniciativa con proyecto de decreto para derogar diversas disposiciones de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, específicamente en lo relativo a la proporcionalidad de las remuneraciones.
El planteamiento buscaba modificar el marco normativo que regula los sueldos y compensaciones en la Comisión de Derechos Humanos estatal y otros entes relacionados, con el objetivo de armonizar la ley local con los principios generales en materia de remuneraciones públicas.
La Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo establece, en sus disposiciones vigentes, criterios de proporcionalidad y racionalidad en los ingresos de las y los servidores públicos del organismo, asegurando que las percepciones estén alineadas con los topes salariales definidos a nivel estatal y federal.
En términos generales, estas normas buscan evitar disparidades excesivas entre las remuneraciones de funcionarios de primer nivel y el resto de la estructura, así como asegurar que ningún servidor público gane más que el titular del Poder Ejecutivo estatal.
La propuesta legislativa derogaría las disposiciones específicas que regulan dicha proporcionalidad, lo que podría abrir paso a ajustes en los tabuladores salariales internos. Esto implicaría cambios en la manera en que se determinan sueldos y compensaciones dentro de la Comisión de Derechos Humanos y posiblemente en otras instancias vinculadas.
De aprobarse, la reforma modificaría un apartado clave en el diseño institucional que ha buscado garantizar transparencia y equidad salarial en el organismo.
Promesa incumplida.
Ana Karen Parra Bonilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, prometió al asumir el cargo disminuir sus percepciones –que alcanzan el mismo nivel del gobernador del estado– “por congruencia”, lo que no cumplió.
Al finalizar el periodo de Alejandro Straffon como presidente de la CDHEH, el monto que percibía el titular del organismo autónomo era de 52 mil pesos mensuales, al arribar al cargo el hoy magistrado y exprocurador Raúl Arroyo González, reformó la ley orgánica del organismo e incrementó las percepciones de la presidencia, la secretaría técnica, la primera Visitaduría y la dirección general de administración.
En agosto de 2022, poco después de asumir la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla declaró públicamente que “reduciría su sueldo en congruencia con el pueblo”, una promesa que fue difundida en diversos medios locales.
Sin embargo, un año después, el 3 de agosto de 2023, durante su comparecencia ante el Congreso local con motivo de su primer informe, Parra Bonilla afirmó que no había podido cumplir con esa promesa porque “el procedimiento requería autorización del Poder Legislativo” y no podía realizarse de manera unilateral.
Esta declaración fue duramente cuestionada por legisladores, pues el procedimiento para modificar remuneraciones en el organismo no dependía de un aval directo del Congreso, sino de ajustes internos y administrativos.
Caso Leodegario Hernández.
Como contraste, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Leodegario Hernández Cortés, sí redujo su salario mediante un acuerdo interno y ajustes administrativos del propio órgano jurisdiccional, sin solicitar autorización a ningún otro poder. El caso evidenció que la disminución de remuneraciones puede instrumentarse desde la administración interna del ente público, sin condicionarse a un aval legislativo expreso.
