Por Con votos en contra del Partido Acción Nacional
La Cámara de Diputados aprobó, con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, castigar los llamados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (ECOSIG).
El dictamen, avalado en lo general fue devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La reforma establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Señala que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
Las sanciones se aumentarán al doble cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos: relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de función pública para cometer el delito y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima.
En los dos primeros casos, agrega, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.
La redacción usada puede complicar su aplicación: PAN
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) consideró que en un Estado democrático no se puede imponer la personalidad, desarrollo u orientación ni usar la violencia, por lo que las terapias de conversión han sido desacreditadas; sin embargo, este tipo penal puede complicar pues está mal redactado.
Advirtió que se inicia un nuevo delito que se hace general, con el peligro de generar persecución gratuita e impunidad pues hace difícil acreditarse, además que criminaliza a los padres. “Abre posibilidades que a nadie le conviene”.
