Por Osvaldo Aréchiga
Por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de atribuciones y facultades, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aprehendió a una persona de iniciales S. T. A., exdirector de administración y finanzas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM)
El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la División de Investigación, el pasado viernes 28 de junio de 2024, en la Ciudad de México. Los hechos que se le imputan a S. T. A. ocurrieron en su carácter de director de administración y finanzas de la CAASIM, el 11 de marzo del año 2022, fecha en la que celebró un contrato con la persona moral NORT SOLUTIONS S. de R.L. de C.V.
En dicho acuerdo se estableció qué por la cantidad de 44 millones 80 mil pesos, la citada empresa debería cumplir con la prestación de servicios de consultoría y asesoría para la preparación, alineación, evaluación y gestión, con fines de certificación en atención al ciudadano en el sector público, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.
De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra, el 23 de marzo de 2022, el imputado como responsable de administración de los recursos de dicho organismo descentralizado solicitó se realizara el pago inmediato del servicio contratado, lo que se hizo el mismo día mediante una transferencia bancaria a la persona moral NORT SOLUTIONS S. de R.L. de C.V.
Dicho pago fue ilegal toda vez que se llevó a cabo sin que la persona moral brindara el servicio contratado, pese a que fue solventado con numerario que constituía un fondo público ya que fue solicitado mediante oficio con fecha 24 de febrero del año 2022, a la secretaría de finanzas públicas, del gobierno del estado de Hidalgo.
Con base en estos datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público la persona aprehendida fue presentada ante un juez de control en audiencia inicial en la que esta representación social le formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
Sin embargo, S. T. A., se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se defina su situación legal, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para llevarse a cabo el próximo 03 de julio de 2024, a las 14:00 horas.
Mientras tanto la persona aprehendida permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
