Por A poco más de dos años del decreto de emergencia ambiental, las acciones para el saneamiento integral del río Tula siguen sin cumplirse.
El Gobierno de México informó que durante 2026 se destinarán más de 900 millones de pesos para acciones de saneamiento, restauración ambiental y protección contra inundaciones en la cuenca del río Tula, como parte de una estrategia coordinada con el Gobierno de Hidalgo.
El proyecto forma parte de las 100 prioridades anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al asumir el cargo el 1 de octubre de 2024, y contempla mejorar la calidad del agua, restaurar zonas ecológicamente degradadas y fortalecer la conservación forestal en la región.
De acuerdo con el comunicado oficial, entre las acciones previstas destacan la construcción de 38 kilómetros de colectores de drenaje en la zona metropolitana de Tula, Atotonilco y Atitalaquia; el mejoramiento de la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco; la rehabilitación de la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad, así como la construcción de humedales para el tratamiento de aguas.
Además, se reforzarán las labores de inspección y vigilancia para prevenir y sancionar descargas contaminantes, dando continuidad a los operativos realizados en 2025, año en el que se efectuaron 53 inspecciones a industrias para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
En materia de monitoreo, se informó que el sistema de medición de la calidad y cantidad del agua será fortalecido, al contar actualmente con más de 90 sitios de monitoreo manual, 21 estaciones automáticas y un centro de visualización, lo que permitirá dar seguimiento permanente y transparente a los avances del proyecto.
Asimismo, para la protección contra inundaciones se llevarán a cabo obras de estabilización de 1.6 kilómetros de taludes, la rehabilitación de dos kilómetros de bordos erosionados, trabajos de control de azolve y la instalación de infraestructura para la retención de residuos sólidos en puntos estratégicos del cauce.
En cuanto a restauración y conservación ambiental, el Gobierno federal señaló que se impulsarán acciones para consolidar más de mil hectáreas bajo esquemas de conservación y restauración, así como la recuperación y revegetación de márgenes del río y la protección de zonas estratégicas.
De manera particular, se desarrollarán trabajos en el entorno de la presa Endhó, orientados al saneamiento y a la mejora de las condiciones ecológicas del cuerpo de agua y su zona de influencia, además de continuar con jornadas de limpieza y talleres con participación comunitaria.
El proyecto se ejecuta de manera coordinada entre dependencias federales como Semarnat, Conagua, Profepa, Conafor, Conanp, Conabio, IMTA, INECC y ASEA, así como con la participación de dependencias del sector energético y productivo, gobiernos estatales de Hidalgo y Estado de México, y municipios de la región Tula–Valle de México.
Pendiente el decreto de emergencia ambiental.
Pese a estos anuncios, la restauración del río Tula arrastra un antecedente clave aún sin resolverse: el decreto de emergencia ambiental emitido durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras las severas inundaciones y la crisis sanitaria y ambiental en la región. Dicho decreto contemplaba acciones integrales y urgentes para el saneamiento del río, la mitigación de riesgos y la protección de la salud de la población; sin embargo, diversas de estas medidas no se cumplieron plenamente durante ese periodo.
Aunque el actual gobierno federal ha retomado y ampliado algunos de los compromisos en materia hídrica y ambiental, los habitantes de la región continúan a la espera de resultados estructurales que atiendan de fondo la contaminación histórica del río Tula, los riesgos recurrentes de inundación y los impactos a la salud pública, pendientes que se arrastran desde la declaratoria de emergencia ambiental y que ahora vuelven a colocarse en el centro del debate público.
