Suponiendo… sin conceder

Suponiendo… sin conceder

La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. 

El nuevo ordenamiento reconoce a los animales como “seres sintientes” y establece obligaciones para impedir el maltrato, la crueldad y el sufrimiento injustificado. 

Sin embargo, cuando la discusión alcanzó a las corridas de toros, los legisladores encontraron una solución particularmente conveniente: trasladar a los congresos estatales la responsabilidad de regularlas.

La legislación incorpora el principio de progresividad, que obliga a las autoridades a avanzar hacia mayores niveles de protección animal y evitar retrocesos injustificados. 

No establece una prohibición nacional expresa de la tauromaquia, el resultado es una contradicción ideológica y jurídica: se reconoce jurídicamente la capacidad de los animales para experimentar dolor, mientras se conserva un espacio legislativo para discutir las condiciones bajo las cuales ese sufrimiento puede continuar como parte de un espectáculo.

Los empresarios taurinos se arrimaron a un árbol torcido que ya no su tronco endereza: Pedro Haces Barba, diputado federal de Morena, dirigente sindical y empresario taurino. 

Durante el debate parlamentario defendió las corridas de toros como una “manifestación cultural” con profundas raíces históricas, artísticas y sociales. 

También reclamó reglas diferenciadas para una actividad que, según sus argumentos, genera empleos y sostiene económicamente a numerosas familias.

Haces no es únicamente un aficionado que contempla los toros desde una barrera. Tiene intereses empresariales documentados en la industria taurina. 

Su compañía, Don Bull Productions, participa en la organización de espectáculos y el legislador ha reconocido vínculos comerciales con empresarios que operan plazas en España. 

Su defensa de la tauromaquia adquiere, por tanto, una dimensión económica que no puede quedar disimulada detrás de la absurda “sensibilidad artística”.

Conviene distinguir entre la existencia histórica de una práctica y su legitimidad contemporánea. La antigüedad no convierte automáticamente una actividad en patrimonio cultural merecedor de protección. 

Tampoco el empleo de, esas sí, manifestaciones culturales como la música (Agustín Lara, de insigne memoria), vestimentas elaboradas y una terminología propia transforma en expresión artística el sufrimiento deliberadamente provocado a un animal. 

La tauromaquia es, fundamentalmente, un negocio: se crían animales para el espectáculo, se comercializan entradas, se contratan toreros, se explotan plazas y se obtienen ingresos de una actividad cuyo atractivo central es el enfrentamiento entre un hombre armado y un toro.

Sus defensores insisten en la “tradición cultural”, una vacilada cuasi demagógica.

Las tradiciones no están exentas de revisión jurídica ni de responsabilidad ética. La sociedad ha abandonado numerosas prácticas que durante generaciones fueron aceptadas y justificadas por las costumbres de su tiempo. 

La protección animal constituye precisamente una revisión de la relación histórica entre los seres humanos y las demás especies. Resulta difícil conciliar ese propósito con una actividad organizada alrededor de la lesión y eventual muerte de un animal para entretenimiento público.

La intervención de Pedro Haces ofrece, además, una oportunidad para examinar las contradicciones internas de Morena. El partido que proclama la austeridad, cuestiona los privilegios económicos y reivindica una transformación de la vida pública tiene entre sus dirigentes legislativos a un empresario que participa en un circuito internacional de espectáculos taurinos. 

Desde luego, la militancia en Morena no obliga a renunciar a una actividad empresarial legal. Lo que merece escrutinio es la intervención legislativa de quien tiene intereses económicos en una industria directamente afectada por las disposiciones que se discuten.

Haces votó a favor de la nueva legislación, pero defendió desde la tribuna la permanencia de la tauromaquia.

La decisión del Congreso federal traslada ahora una responsabilidad concreta a las legislaturas estatales, incluida la de Hidalgo, donde por cierto, la diputada morenista Diana Rangel sucumbió a la tentación del tentadero, también en detrimento de los principios de su partido. 

La tauromaquia tiene empresarios, contratos, inversiones, trabajadores, consumidores y ganancias. Es una actividad económica que ha construido alrededor de sí una justificación cultural.

 Reconocer esa naturaleza mercantil no elimina su historia, pero impide utilizarla como argumento suficiente para perpetuar el daño a los animales. 

Los toreros no son artistas, son, cuando mucho, habilidosos y muy bien pagados domadores. 

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