Deberá ejercerse bajo el “principio de progresividad”: avanzar gradualmente hacia mayores niveles de protección animal.
Con 470 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, mediante el cual se establecen nuevas disposiciones para su protección y se deja en manos de los congresos estatales la regulación de espectáculos como las corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos y suertes de la charrería.
El dictamen también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Uno de los aspectos de la legislación es que no establece una prohibición federal expresa de las corridas de toros, sino que deja a las entidades federativas la responsabilidad de legislar sobre estas actividades.
Sin embargo, esa facultad deberá ejercerse considerando el principio de progresividad, que implica que las autoridades deben avanzar gradualmente hacia mayores niveles de protección animal y evitar retrocesos injustificados respecto de las medidas de protección previamente alcanzadas.
En términos prácticos, esto significa que los congresos estatales no reciben una facultad ilimitada para permitir cualquier práctica con animales. Al modificar sus leyes deberán considerar las disposiciones constitucionales, los estándares de bienestar animal y las restricciones vigentes, sin que puedan eliminarse arbitrariamente las protecciones existentes.
Por ejemplo, si una entidad federativa ya estableció restricciones para evitar lesiones, sufrimiento o muerte de animales durante determinados espectáculos, una reforma que pretenda retirar esas medidas tendría que superar un examen de justificación constitucional.
La progresividad no significa que todas las corridas de toros deban prohibirse automáticamente, pero tampoco permite desconocer sin justificación los avances legislativos en protección animal.
El principio también tiene una dimensión de no regresividad: las autoridades deben justificar especialmente cualquier medida que reduzca los niveles de protección alcanzados.
No obstante, esto no convierte todas las restricciones existentes en disposiciones inmodificables, pues su constitucionalidad y posibles cambios deben analizarse conforme al marco jurídico aplicable.
La nueva legislación tampoco representa una autorización general para celebrar corridas de toros ni impide que los congresos locales establezcan restricciones o prohibiciones, siempre dentro de sus atribuciones y del marco constitucional.
De esta manera, la Cámara de Diputados deja la decisión específica sobre la tauromaquia en manos de las legislaturas estatales, que deberán resolver sobre su regulación y enfrentar las controversias jurídicas y sociales relacionadas con estas prácticas.
Durante el proceso legislativo, representantes del sector taurino participaron en las discusiones y expusieron argumentos relacionados con la actividad ganadera, su impacto económico y la conservación de los ejemplares de lidia.
Para Hidalgo, la nueva legislación mantiene en el ámbito del Congreso estatal la discusión sobre las corridas de toros y otros espectáculos con animales, particularmente respecto de las disposiciones locales que regulan su celebración.
La aprobación federal establece así un marco general de bienestar animal, mientras que la definición de las condiciones, restricciones o eventuales prohibiciones de las actividades taurinas permanece bajo la competencia de las entidades federativas, sujetas al principio de progresividad y a las obligaciones constitucionales de protección animal.


