Por El representante del PRI calificó como “una traición” del hoy delegado federal y su estructura directiva.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó el embargo de 359 mil 208.68 pesos del financiamiento público del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cumplimiento de una resolución del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, correspondiente al expediente 598/2023.
Durante la Tercera Sesión Extraordinaria de noviembre, el organismo electoral determinó que los recursos serán retenidos en dos exhibiciones: 338 mil 582.26 pesos de las prerrogativas correspondientes a noviembre y 20 mil 626.42 pesos de diciembre de 2026.
El acuerdo establece que únicamente quedarán protegidos los recursos destinados al pago de salarios de las personas trabajadoras del partido, mientras que el resto del financiamiento podrá ser afectado para dar cumplimiento a la resolución judicial.
Durante la discusión, Federico Hernández Barros, representante del PRI ante el IEEH, manifestó su inconformidad con la determinación y aseguró que la retención de recursos afecta la operación administrativa y política del instituto, particularmente ante la proximidad del proceso electoral 2026-2027.
El representante priista señaló que el financiamiento público tiene como finalidad sostener las actividades ordinarias de los partidos, promover la participación ciudadana y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de su militancia.
Advirtió que el embargo, además de afectar las actividades programadas para el cierre del ejercicio presupuestal, compromete las estrategias financieras y operativas previstas para el siguiente proceso electoral.
PRI responsabiliza a la “traición” de la dirigencia de Julio Valera
Hernández Barros atribuyó el origen de las demandas laborales a presuntas irregularidades administrativas cometidas durante la dirigencia estatal del expresidente priista y hoy delegado federal Julio Valera Piedras, a quien responsabilizó de haber generado compromisos económicos que actualmente enfrenta el partido.
Afirmó que, durante aquella administración, se documentaron relaciones laborales y remuneraciones que, a juicio de la representación priista, no correspondían con la capacidad financiera del instituto político.
Sostuvo que la documentación proporcionada por la anterior dirigencia permitió que extrabajadores acudieran ante los tribunales laborales para reclamar pagos que ahora deben cubrirse mediante las prerrogativas públicas.
El representante del PRI calificó lo ocurrido como consecuencia de una traición de Julio Valera y su estructura directiva, al considerar que las decisiones adoptadas durante su gestión continúan provocando afectaciones económicas al partido años después de su salida.
También manifestó que el PRI buscará recurrir a las instancias legales disponibles, aunque reconoció las particularidades jurídicas de las resoluciones emitidas en materia laboral.
Finalmente, el Consejo General del IEEH aprobó el acuerdo para cumplir la resolución del Tribunal Laboral, bajo el principio de obligatoriedad de las determinaciones jurisdiccionales y con la protección de los recursos destinados al pago de salarios del personal priista.
