Por La dependencia estatal busca detectar el uso indebido de recursos públicos con fines políticos y electorales.
Ante el proceso electoral de 2027, la Secretaría de Contraloría de Hidalgo inició un programa de capacitación en materia de blindaje electoral dirigido a servidores públicos estatales y a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los 84 municipios, con el propósito de prevenir el uso de recursos públicos con fines político-electorales.
La dependencia, encabezada por Álvaro Bardales, informó que las primeras actividades estuvieron dirigidas al personal de la Dirección de Contraloría Social, con la participación de especialistas de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El programa busca fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de programas sociales, obras públicas y acciones gubernamentales, así como proporcionar herramientas para identificar posibles irregularidades relacionadas con el uso de recursos estatales durante el proceso electoral.
Como parte de estas acciones, la Contraloría programó para el próximo 19 de noviembre una capacitación dirigida a los 84 titulares de los Órganos Internos de Control municipales, responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y el ejercicio de los recursos públicos en sus respectivos ayuntamientos.
Durante la jornada se abordarán criterios de actuación para detectar posibles conductas irregulares, prevenir la utilización de bienes y recursos gubernamentales en actividades político-electorales y fortalecer la vigilancia de los programas públicos.
La dependencia también trabajará en mecanismos de atención a quejas y denuncias ciudadanas relacionadas con posibles irregularidades administrativas durante el periodo electoral.
Instalan mecanismos de denuncia en los 84 municipios
La Secretaría de Contraloría informó que dispone de 84 buzones fijos de Contraloría Social, distribuidos en igual número de municipios, mediante los cuales la población puede presentar quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con el ejercicio de los recursos públicos.
Los reportes recibidos son canalizados a las instancias competentes y, cuando corresponde, a los titulares de los Órganos Internos de Control municipales para su atención.
La Contraloría precisó que las actividades de blindaje electoral tienen carácter preventivo y administrativo, mientras que la investigación y persecución de posibles delitos electorales corresponde a las autoridades ministeriales especializadas.
En Hidalgo, estas atribuciones corresponden a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), mientras que en el ámbito federal recaen en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
Las acciones forman parte de las medidas anunciadas por la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar para reforzar la vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos ante las elecciones de 2027.
