Audelino Macario denunció intimidaciones tras revelar presuntas represalias contra trabajadores que no asistieron a un acto de la presidenta Claudia Sheinbaum en Villahermosa.
La organización ARTICLE 19 exigió medidas urgentes de protección para el periodista Audelino Macario, quien denunció amenazas después de publicar información sobre presuntas represalias laborales contra empleados del Gobierno de Tabasco que se negaron a asistir a un acto público de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los hechos están relacionados con la cobertura realizada por Macario sobre trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (SEDAP), quienes habrían sido presionados para acudir al evento presidencial celebrado el 25 de septiembre en Villahermosa.
De acuerdo con los señalamientos difundidos por el periodista, después del acto se habría elaborado una lista de empleados que no asistieron, con la intención de identificarlos y posiblemente terminar su relación laboral.
Tras la publicación, Macario denunció haber recibido amenazas atribuidas a Miguel Priego Hernández, ganadero y tío de Guillermo Priego León, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca de Tabasco.
Según el comunicador, Priego Hernández le dirigió el mensaje: “Te he de encontrar algún día en la calle…”, expresión que consideró una amenaza directa contra su integridad física.
ARTICLE 19 advirtió sobre los riesgos que representan estas intimidaciones para el ejercicio periodístico y demandó protección urgente para Macario, así como atención a los hechos denunciados.
El periodista también anunció que acudiría ante las fiscalías estatal y federal para presentar las denuncias correspondientes y solicitar medidas de seguridad.
El caso ha generado pronunciamientos dentro del gremio periodístico tabasqueño.
El periodista Erwin Macario solicitó la intervención de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
Las presuntas represalias laborales y la responsabilidad por las amenazas denunciadas deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.


