Por El gobierno es un “meme”.
El término “meme” es relativamente nuevo, apenas unos años, en comparación con la genial sátira hecha por cartonistas del calibre, por ejemplo, del enorme Abel Quezada.
La llamada “Ley Antimemes 2” llegó a las comisiones del Senado envuelta en una paradoja: una reforma presentada para combatir la piratería terminó por abrir una discusión sobre los límites de la sátira política.
El texto original del artículo 403 Bis contemplaba penas de tres a siete años de prisión por utilizar o imitar identidad gráfica gubernamental en determinados supuestos, una redacción que el PAN y el PRI señalaron como suficientemente amplia para poner bajo sospecha memes, caricaturas y parodias.
La polémica obligó a Morena a corregir de último momento la disposición: el dictamen aprobado acotó las sanciones al uso a escala comercial de la identidad gráfica oficial para inducir al engaño con intención de cometer un ilícito, y redujo la pena prevista a entre uno y cinco años.
Morena y sus aliados votaron a favor; por supuesto PAN y PRI, en contra, mientras Movimiento Ciudadano se abstuvo.
El senador Javier Corral sostuvo que “nunca se pretendió” perseguir memes y que la norma busca combatir fraudes realizados mediante falsos portales gubernamentales.
Falso, como en las últimas, por lo menos, nueve iniciativas del régimen, la intención es acotar, inhibir o debilitar la crítica en redes sociales.
La sátira no necesita permiso del gobierno y una ley que roce siquiera la posibilidad de convertir una burla política en expediente penal merece toda la precisión posible.
Porque al poder podrá incomodarle un meme; lo verdaderamente serio sería que alguna vez pudiera contestarlo con un Código Penal.
Y parece ser que ese el camino.
Otra vez.
