Por Poder con Propósito.
Por Yarely Melo Rodríguez
Antes, para ocultar información pública había que encerrarla en un archivo, negar una copia o dejar una solicitud sin respuesta.
Hoy existen métodos más sofisticados.
La información puede estar publicada y, aun así, permanecer fuera del alcance ciudadano.
Puede encontrarse dispersa entre distintas páginas, escondida detrás de vínculos que no funcionan, identificada con nombres que nadie comprende o contenida en documentos tan técnicos que, aunque cualquiera pueda descargarlos, muy pocos están en condiciones de interpretarlos.
El gobierno puede entonces pronunciar una frase aparentemente impecable:
—Está en la página de Transparencia.
Y dar por terminada la conversación.
Pero que un documento esté en internet no significa que sea fácil encontrarlo. Que pueda descargarse no significa que pueda comprenderse. Y que haya sido publicado no significa que el ciudadano pueda utilizarlo para vigilar una decisión pública.
La transparencia no se mide solamente por la cantidad de archivos disponibles, sino por la posibilidad real de convertirlos en conocimiento útil.
Ésa es la diferencia entre publicar e informar.
Publicar puede ser un acto mecánico: cargar un archivo, cumplir un formato, registrar una fecha y conservar una liga electrónica.
Informar exige algo más: organizar, explicar, relacionar y permitir que una persona pueda comprender qué decisión se tomó, cuánto dinero involucra, quién la autorizó y qué consecuencias tendrá.
No todo documento complejo es una forma de opacidad. Los presupuestos, las cuentas públicas y los informes financieros contienen elementos técnicos que no pueden reducirse irresponsablemente. Simplificar no significa deformar ni sustituir la información oficial con propaganda.
Pero la complejidad se convierte en una barrera cuando el gobierno publica información técnica y omite las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda interpretarla.
En materia de ingresos y gasto público, esto no es sólo una aspiración democrática. La Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable dispone la elaboración de documentos dirigidos a la ciudadanía, explicados de manera sencilla y en formatos accesibles. Incluso plantea preguntas elementales: ¿de dónde obtiene sus ingresos el gobierno?, ¿en qué se gasta?, ¿para qué se gasta? y ¿qué pueden hacer los ciudadanos?
La norma reconoce algo que muchas autoridades todavía se resisten a aceptar: la información pública no fue creada para comodidad de quien la administra, sino para conocimiento de quien tiene derecho a exigir cuentas.
Por eso resulta insuficiente colocar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en algún rincón del portal institucional. No basta con publicar cientos de páginas llenas de claves, clasificadores, partidas, anexos y conceptos contables, si el ciudadano no puede identificar cuánto le cobrarán, qué ingresos espera recibir el municipio, cuánto costará su estructura administrativa o qué parte del dinero llegará realmente a obras y servicios.
La información presupuestaria no pertenece exclusivamente a contadores, tesoreros, auditores o integrantes del Cabildo.
Proviene del dinero público y explica decisiones públicas.
No debería convertirse en un privilegio para especialistas.
El planteamiento de Daniel Innerarity resulta especialmente útil: una democracia no mejora fingiendo que los asuntos públicos son simples, sino creando instituciones capaces de hacer comprensible y gobernable su complejidad.
Aplicado a la transparencia, el desafío no consiste en eliminar el lenguaje técnico, sino en impedir que ese lenguaje funcione como una frontera entre el gobierno y la ciudadanía.
Porque quien controla la información tiene una ventaja sobre quien necesita pedirla. Pero quien además controla el lenguaje en el que esa información se presenta puede decidir, en la práctica, quién logra comprenderla.
Ahí aparece una forma menos visible de concentración del poder.
Ya no siempre hay que esconder la información. A veces basta con hacerla incomprensible.
El ciudadano pregunta por el costo de una obra y recibe un vínculo a una plataforma con cientos de contratos.
Pregunta por una modificación presupuestal y le entregan una tabla sin explicación.
Pregunta por el destino de una partida y lo remiten a una cuenta pública de varios tomos.
Pregunta por un documento concreto y escucha alguna de las respuestas con las que tantas oficinas públicas han aprendido a cerrar conversaciones:
“Es información reservada.”
“Eso es confidencial.”
“Búsquelo en Transparencia.”
No todas esas respuestas son jurídicamente incorrectas en todos los casos. Hay información que legítimamente debe protegerse y documentos cuya consulta corresponde a una plataforma determinada.
La pregunta incómoda es otra:
¿Cuántas veces la respuesta institucional está diseñada para orientar al ciudadano y cuántas solamente para lograr que deje de preguntar?
La tecnología modificó esta relación.
Antes, quien quería conocer determinados asuntos públicos dependía de acudir a una oficina, encontrar al funcionario adecuado, presentar un escrito y esperar.
Hoy una persona puede buscar documentos, comparar presupuestos, revisar contratos, formular solicitudes de información, conservar evidencia y confrontar las declaraciones oficiales con las cifras publicadas.
Pero tener acceso a internet no garantiza una ciudadanía informada.
También hace falta aprender a buscar, comparar, cuestionar y documentar. No todo dato publicado es prueba suficiente. No toda acusación difundida en redes constituye vigilancia ciudadana. Y no toda información oficial está presentada de manera que permita reconstruir una decisión.
La ciudadanía necesita desarrollar nuevas capacidades para vigilar el poder. El gobierno, por su parte, debe dejar de utilizar la complejidad administrativa como refugio.
Si una persona no encuentra la información, el derecho se debilita.
Si la encuentra, pero no puede comprenderla, la transparencia se vuelve ceremonial.
Y si logra comprenderla, pero no puede relacionarla con las decisiones y con quienes las tomaron, la rendición de cuentas queda incompleta.
Por eso el verdadero estándar de transparencia no debería limitarse a preguntar cuántos documentos publicó un gobierno. También tendría que examinar si el ciudadano puede encontrarlos, comprenderlos, contrastarlos y utilizarlos para exigir explicaciones.
Porque publicar no necesariamente significa informar.
Informar no necesariamente significa hacer comprensible.
Pero comprender sí permite cuestionar.
Y cuando el ciudadano cuestiona con evidencia, deja de pedir favores y comienza a ejercer poder.
La semana pasada lo dijimos con claridad: el gobierno no produce el dinero que administra.
Esta semana debemos añadir algo igual de importante:
Si el dinero es público, comprender cómo se obtiene, quién autoriza gastarlo y en qué se utiliza no puede seguir siendo un privilegio de quienes dominan el lenguaje del gobierno.
La opacidad más peligrosa no siempre está detrás de una puerta cerrada.
A veces está frente a nosotros: publicada, descargable y perfectamente inútil.
No escribo para convencer. Escribo para que no se nos olvide.
Yarely Melo Rodríguez
Abogada y Maestra en Administración Pública
Ética Radical®
Referencias conceptuales: Norma del CONAC sobre difusión ciudadana y obra de Daniel Innerarity sobre democracia, conocimiento y complejidad.
