Por Diputados solicitaron informar cuáles son los cobros autorizados y los mecanismos aplicados para supervisar y sancionar incumplimientos.
La Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes del Congreso de Hidalgo exhortó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) a informar las tarifas vigentes del servicio público individual de pasajeros en su modalidad de taxi.
El acuerdo también solicita precisar los mecanismos de supervisión, verificación y sanción implementados para garantizar el cumplimiento del tarifario autorizado y proteger los derechos de las personas usuarias.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas dio lectura al acuerdo económico, presentado a petición del legislador del Partido Verde Ecologista de México, Avelino Tovar Iglesias.
En la exposición de motivos se señaló que existe un debate público sobre el costo del servicio. La Federación de Uniones de Trabajadores del Volante del Estado de Hidalgo (FUTVEH) propuso a la Semot establecer una tarifa mínima de 55 pesos por los primeros cuatro kilómetros y un cobro adicional de 4.50 pesos por cada kilómetro subsecuente.
Sin embargo, el planteamiento de la organización de transportistas no corresponde necesariamente a una tarifa autorizada. Además, usuarios han reportado cobros mínimos superiores a esa cantidad, situación que genera incertidumbre sobre los precios que deben aplicarse.
La Comisión consideró que cualquier modificación al tarifario debe analizarse tanto desde la perspectiva de los costos de operación como de la capacidad adquisitiva de la población hidalguense.
También advirtió que la falta de una tarifa claramente definida y difundida, así como la coexistencia de diferentes esquemas tecnológicos para calcular los recorridos, genera incertidumbre entre usuarios y concesionarios.
Los diputados señalaron que, cuando el costo depende de una negociación directa entre el conductor y el pasajero, se debilita el principio de legalidad tarifaria y se dificulta la protección de las personas consumidoras.
Por ello, solicitaron a la Semot informar al Congreso cuáles son las tarifas oficialmente vigentes y explicar las acciones realizadas para evitar cobros indebidos, garantizar condiciones equitativas para los concesionarios y proteger la economía de las familias.
