Por La investigación abarcará una muestra de 380 niñas, niños y adolescentes para identificar las condiciones sociales, familiares y económicas vinculadas con actividades laborales.
La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Tulancingo y la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) realizarán un estudio social sobre trabajo infantil en el municipio, con el propósito de conocer las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes desarrollan actividades laborales.
La investigación contempla una muestra de 380 menores de edad, determinada a partir de una población de 51 mil 920 niñas, niños y adolescentes registrada en Tulancingo por el INEGI en 2020.
El estudio buscará identificar las causas y circunstancias sociales, familiares y económicas que pueden llevar a los hogares a incorporar a sus hijas e hijos en actividades laborales, con la finalidad de generar información que sirva para establecer medidas de prevención, protección y atención.
La secretaria ejecutiva del SIPINNA Tulancingo, Emma San Agustín Lemus, explicó que la intención no es limitar el ejercicio a la obtención de estadísticas, sino conocer directamente las condiciones que enfrentan las familias del municipio.
Precisó que no todas las actividades realizadas por menores de edad constituyen trabajo infantil o una vulneración de derechos. Sin embargo, advirtió que deben ser identificadas y atendidas cuando interfieren con la educación, el descanso, la seguridad, el desarrollo o el bienestar físico y emocional de niñas, niños y adolescentes.
Para realizar el levantamiento, estudiantes de la UPT aplicarán encuestas en distintos puntos de Tulancingo. Los universitarios estarán debidamente identificados y serán acompañados por personal del SIPINNA municipal.
Las autoridades señalaron que los resultados permitirán contar con un diagnóstico sobre el fenómeno en Tulancingo y sus posibles factores asociados, entre ellos riesgos de explotación, violencia, abandono escolar, consumo de sustancias o reclutamiento.
El SIPINNA destacó que la atención del trabajo infantil requiere la participación coordinada de autoridades, familias, organizaciones de la sociedad civil y sector privado, principalmente en aquellos casos donde las actividades laborales puedan colocar a los menores de edad en condiciones de riesgo o vulneración de sus derechos.
