Por Martiniano “N”, Jessica Blancas… un año después.
Hace exactamente un año escribía en este mismo espacio que la justicia hidalguense parecía correr a dos velocidades. Una, de sprint; otra, de caminata contemplativa.
Hoy vale la pena regresar al tema.
No para descalificar el trabajo de la Procuraduría General de Justicia ni del Poder Judicial. Al contrario, el caso de Martiniano “VO” demuestra que, cuando una investigación se integra correctamente y las pruebas resisten el escrutinio judicial, las sentencias llegan.
Y llegaron.
Lo que hace un año era una condena en primera instancia, hoy ya fue confirmada por un Tribunal de Alzada, que ratificó la pena de doce años de prisión por el delito de peculado agravado derivado del contrato otorgado a REMACO durante la pandemia. La resolución mantuvo, además, la reparación del daño, las sanciones económicas y las demás consecuencias impuestas por el juez de enjuiciamiento.
Esto confirma que el llamado maxiproceso comienza a producir resoluciones que sobreviven al segundo filtro judicial.
En otras palabras: el expediente no solamente fue suficiente para vincular a proceso; también lo fue para sostener una sentencia y defenderla en apelación.
Hasta ahí, la justicia parece funcionar.
El problema comienza cuando inevitablemente aparece la otra mitad de la fotografía.
Porque si Martiniano “VO” fue señalado como quien firmó los contratos, la pregunta sigue siendo exactamente la misma de hace doce meses:
¿Y quién autorizó el manejo del dinero?
Mientras un expediente avanza desde la investigación hasta una sentencia confirmada, Jessica Blancas Hidalgo continúa sin enfrentar imputación penal alguna relacionada con los hechos que durante años fueron motivo de observaciones, auditorías y señalamientos políticos.
Ni vinculación.
Ni audiencia inicial.
Ni orden de aprehensión conocida.
Ni sentencia.
Silencio.
Y el silencio, en asuntos de combate a la corrupción, suele ser el peor argumento institucional.
Hace un año escribía que la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría parecían aventarse la pelota antes de presentar las denuncias correspondientes.
Hoy la percepción pública difícilmente ha cambiado.
Porque la diferencia entre ambos casos ya no se mide en meses.
Se mide en etapas procesales completas.
Uno tiene sentencia confirmada.
El otro sigue instalado en el terreno de las especulaciones.
Desde luego, nadie puede ser declarado responsable sin un juicio. Esa es precisamente la esencia del Estado de Derecho.
Pero tampoco puede ignorarse que el combate a la corrupción pierde credibilidad cuando parece seleccionar cuidadosamente a quién alcanza y a quién no.
La justicia debe ser igual de rápida para todos.
Igual de garantista para todos.
Igual de incómoda para todos.
No importa si el apellido pesa políticamente o si alguna oficina todavía conserva amistades del sexenio anterior.
Porque de lo contrario termina consolidándose una percepción peligrosa: que algunos responden por firmar documentos… y otros nunca tienen que explicar quién autorizó el dinero.
La sentencia contra Martiniano “VO” demuestra que sí es posible construir casos sólidos.
Ahora falta responder la pregunta que Hidalgo sigue esperando desde hace años.
¿El maxiproceso terminó con Martiniano… o apenas empezó?
Porque, suponiendo… sin conceder, la corrupción difícilmente fue obra de una sola firma.
¡Nos vamos de vacaciones!
