Por La iniciativa plantea que las sanciones tengan un enfoque educativo, restaurativo y de prevención de la reincidencia.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del grupo legislativo del PRI en el Congreso de Hidalgo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de que el trabajo en favor de la comunidad impuesto como sanción esté vinculado directamente con la conducta delictiva cometida y contribuya a prevenir la reincidencia.
Durante la presentación de la propuesta, el legislador explicó que, cuando la naturaleza del delito lo permita, la autoridad judicial deberá privilegiar que las personas sentenciadas participen en actividades, programas, capacitaciones o talleres orientados a la prevención, concientización o disminución del delito cometido, así como a la reparación del tejido social.
La iniciativa establece que el término “privilegiará” otorga flexibilidad a las y los jueces para que, en aquellos municipios donde no existan programas especializados, puedan ordenar el servicio comunitario tradicional, sin limitar su facultad para imponer la sanción correspondiente.
Además, plantea que la autoridad penitenciaria o la instancia responsable de supervisar medidas cautelares y suspensiones condicionales del proceso coordine acciones con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas especializados.
Entre las actividades contempladas se encuentran programas de educación y seguridad vial, prevención y erradicación de la violencia de género, cultura de la legalidad, salud pública, prevención de adicciones, protección al medio ambiente y otras materias relacionadas con la conducta que dio origen a la sanción.
Mendoza Bustamante afirmó que la reforma busca transformar el modelo punitivo vigente, al pasar de un esquema centrado únicamente en el castigo a uno que fortalezca la educación, la concientización y la reinserción social.
Como ejemplo, señaló que actualmente una persona sancionada por una infracción vial puede cumplir el servicio comunitario realizando labores de limpieza sin recibir capacitación sobre seguridad vial, mientras que quienes incurren en conductas relacionadas con violencia de género pueden efectuar trabajos que no contribuyen a modificar ese comportamiento.
La propuesta incorpora los principios de especialización e idoneidad, con el objetivo de que las sanciones tengan un componente pedagógico y restaurativo que favorezca un cambio de conducta y reduzca el riesgo de reincidencia.
El legislador indicó que la iniciativa se sustenta en tres ejes: la prevención especial para atender las causas que originan la conducta delictiva, la justicia restaurativa para reparar el daño al tejido social y la aplicación de sanciones con enfoque educativo y de concientización.
Finalmente, aseguró que la implementación de la reforma no representará un impacto presupuestal adicional, ya que podrá desarrollarse mediante convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles que ya cuentan con programas e infraestructura para este tipo de actividades.
