Por Y dale, presidenta Sheinbaum, y dale.
Dice, otra vez, la presidenta Claudia Sheinbaum que, pasando el Mundial, vendrá “el gran debate” sobre la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial.
Habrá, como en el poema de Aguirre y Fierro, “información, reflexión”, especialistas y hasta respaldo en la encíclica del papa sobre los desafíos éticos de la tecnología.
Suena bien, más en nuestro Estado Laico.
El problema es que este anuncio no llega en el vacío ni de la nada, llega después de meses —en realidad, años— de descalificaciones, desde el poder, en contra las redes sociales, señaladas una y otra vez como fábrica de mentiras, campañas negras, manipulación y ataques contra el gobierno. Pobrecito.
Por eso cuesta creer que se trate solamente de una conversación académica.
El argumento inicial será difícil de rechazar. ¿Quién podría estar en contra de proteger a niñas, niños y adolescentes de la adicción a las plataformas? ¿Quién negaría que la inteligencia artificial plantea enormes retos para la humanidad? Nadie en su sano juicio.
La pregunta es otra.
¿Por qué un gobierno que todos los días utiliza las redes sociales como su principal herramienta de comunicación, ataque y difamación, insiste tanto en la necesidad de regularlas?
La respuesta tampoco parece complicada.
Porque las redes representan el único espacio donde el poder no tiene el monopolio de la conversación. Ahí no existe una conferencia mañanera capaz de imponer la agenda durante horas. Ahí cualquier ciudadano puede responder, cuestionar, exhibir documentos, difundir videos incómodos o convertir un error gubernamental en tendencia nacional en cuestión de minutos.
Eso resulta profundamente incómodo para cualquier gobierno y para los integrantes más ínclitos, como los hijos incómodos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Esos que sin trabajar por años, ahora llevan vida de millonarios.
La historia demuestra que el poder suele disfrazar de protección aquello que termina convirtiéndose en control.
Se regulan los contenidos para combatir la desinformación. Después aparecen criterios para definir qué información es falsa. Luego alguien debe decidir quién aplica esos criterios. Finalmente, el Estado termina sentado frente al tablero con facultades para intervenir en la conversación pública.
Sheinbaum asegura que no busca prohibir nada. Ojalá así sea. Pero las libertades no suelen perderse de un día para otro. Se erosionan poco a poco, mediante normas aparentemente razonables, creadas con las mejores intenciones y justificadas por causas difíciles de cuestionar.
Mientras tanto, llama la atención que el gobierno dedique tiempo a imaginar un futuro marco regulatorio para las redes sociales mientras el país enfrenta problemas mucho más inmediatos: violencia, extorsión, desapariciones, un sistema de salud bajo presión y una economía que sigue dando señales mixtas.
Las prioridades también comunican.
Después del 19 de julio comenzará la discusión. Conviene escuchar cada palabra, revisar cada propuesta y leer cada iniciativa con lupa.
Otra vez.
