Por La diputada panista Claudia Luna Islas presentó una iniciativa para reconocer en la Constitución estatal el derecho al acceso a internet.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Luna Islas, presentó ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa de reforma al artículo 4 Ter de la Constitución Política del Estado con el propósito de elevar a rango constitucional el derecho al acceso universal a internet y a las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
La propuesta plantea actualizar un apartado que históricamente se ha centrado en la libertad de imprenta, incorporando garantías relacionadas con los derechos digitales y la conectividad, con el objetivo de responder a las necesidades actuales de la población.
De acuerdo con la legisladora, la reforma busca establecer un mandato constitucional que sirva de base para el diseño de políticas públicas, programas y leyes secundarias orientadas a la alfabetización digital y a la ampliación de la conectividad en todo el territorio estatal.
La iniciativa se sustenta en datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), que muestran diferencias en el acceso y uso de internet entre zonas urbanas y comunidades rurales e indígenas. La propuesta plantea que la conectividad sea considerada un elemento indispensable para el ejercicio de derechos y para la participación en la vida social, económica y gubernamental.
Entre los alcances señalados por la promovente se encuentran el fortalecimiento de los procesos educativos mediante plataformas digitales, la ampliación del acceso a servicios y trámites gubernamentales en línea, así como el impulso a la economía digital y a los mecanismos de transparencia pública.
Asimismo, la iniciativa contempla que una mayor conectividad contribuya a la inclusión de sectores de la población con mayores barreras de acceso, entre ellos comunidades indígenas, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Claudia Luna Islas señaló que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con los derechos reconocidos en la Constitución federal y con las tendencias internacionales en materia de acceso a las tecnologías digitales, con la finalidad de reducir las brechas de acceso derivadas de condiciones geográficas o socioeconómicas.
