Por El IEEH retendrá mensualmente 85 mil 116.60 pesos para cumplir una sentencia laboral; el representante priista responsabilizó a la dirigencia encabezada por Julio Valera.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó el acuerdo mediante el cual se da cumplimiento a una resolución emitida por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo dentro del expediente 1522/2023, que ordena el embargo de una parte de las prerrogativas que recibe el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad.
De acuerdo con lo aprobado durante la Primera Sesión Extraordinaria de junio, el embargo será por un monto mensual de 85 mil 116 pesos con 60 centavos, derivado de la ejecución de un laudo laboral firme.
El IEEH informó que, para atender la orden judicial, verificó la situación financiera del partido político mediante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de asegurar que la medida no afectara el pago de salarios de las personas trabajadoras del PRI.
En el acuerdo se establece que las autoridades electorales están obligadas a cumplir las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se señala que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del INE, las prerrogativas de los partidos políticos pueden ser sujetas a embargo cuando se trate de garantizar el cumplimiento de derechos laborales reconocidos mediante resoluciones firmes.
Durante la sesión, Federico Hernández Barros, representante del PRI ante el IEEH, atribuyó el origen del litigio a decisiones tomadas durante una dirigencia anterior del partido encabezada por Julio Valera Piedras, quien actualmente milita en Morena.
El representante priista afirmó que en esa etapa “se llevaron a cabo actos fuera de la legalidad y fuera de la forma”, los cuales, sostuvo, afectaron la administración y el futuro del instituto político. También señaló que algunos exdirigentes abandonaron al partido por motivos políticos.
Hernández Barros cuestionó además la existencia de la relación laboral que dio origen al juicio, al señalar que gran parte de las actividades que realizan los militantes y colaboradores partidistas responden a una convicción política y no necesariamente a vínculos laborales formales.
Asimismo, expresó que los montos reclamados en el procedimiento judicial no corresponden a las partidas presupuestales que históricamente ha recibido el PRI en Hidalgo.
Con esta determinación, el organismo electoral dará cumplimiento al mandato judicial relacionado con el adeudo laboral acreditado en favor de la parte demandante, mediante la retención mensual de una parte de las prerrogativas del partido.
