Por Diputadas y diputados del Congreso de Hidalgo presentaron diversas iniciativas enfocadas en fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad, adultos mayores y víctimas del delito de despojo.
En sesión ordinaria, las y los legisladores Alma Rosa Elías Paso, Andrés Velázquez Vázquez, Diana Rangel Zúñiga, Miguel Ángel Moreno Zamora, Lizbeth Iraís Ordaz Islas, Juan Pablo Escalante Urbán, Arturo Gómez Canales, Hilda Miranda Miranda, Paloma Barragán Santos, así como Jorge Argüelles Salazar y José María Alejandro Pérez Ramírez, propusieron una iniciativa para reformar la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo.
La propuesta busca incorporar al marco normativo estatal lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de jurisdicción voluntaria para personas con discapacidad.
Durante la presentación, la diputada Alma Rosa Elías Paso explicó que con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el 7 de junio de 2023, el sistema jurídico mexicano transitó del modelo de “sustitución de la voluntad”, conocido como interdicción, hacia un esquema basado en sistemas de apoyos y salvaguardias para garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Por otra parte, la diputada Tania Meza Escorza presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo, con el propósito de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, orientación, asesoría, denuncia y atención frente a casos de violencia patrimonial.
La legisladora indicó que la propuesta pretende proteger la autonomía, patrimonio, seguridad jurídica y bienestar de las personas adultas mayores, además de garantizar su derecho a vivir libres de abuso, fraude, manipulación, despojo o aprovechamiento indebido.
Asimismo, legisladores de Morena y Nueva Alianza detallaron una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Hidalgo en materia del delito de despojo.
La propuesta busca fortalecer la regulación y sanción de la ocupación ilegal de inmuebles o el ejercicio indebido de derechos reales mediante violencia, engaño o abuso de confianza, conductas que, señalaron, afectan el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas.
