Por Además, un despacho internacional señaló presuntas trabas legales y “obstrucción” en el proceso.
La senadora priista Carolina Viggiano Austria afirmó que el gobierno federal podría estar incurriendo en una violación al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en 1978, al no proceder con la solicitud de detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En declaraciones retomadas por el medio Etcétera y concedidas a El Universal, la legisladora señaló que esta situación podría generar repercusiones en la relación bilateral entre ambos países, particularmente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Están violando un tratado de extradición que nosotros tenemos firmado desde 1978”, declaró Viggiano Austria, quien añadió que esto “pone en riesgo nuestra relación comercial, nuestra relación política, nuestra relación de vecindad”.
La senadora sostuvo que la falta de acciones por parte de las autoridades mexicanas respondería a decisiones políticas y cuestionó que no se haya actuado contra las personas señaladas por autoridades estadounidenses. “¿Qué más urgencia hay que todos los días hay muertes en Sinaloa?”, expresó.
En el mismo sentido, el despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) señaló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores estarían obstaculizando el proceso de extradición al exigir requisitos adicionales a los contemplados en el tratado bilateral.
De acuerdo con la firma jurídica, las autoridades mexicanas “están llevando a cabo actualmente un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos”, al condicionar las solicitudes a estándares probatorios que, según argumentan, no corresponden a la etapa de detención provisional.
El despacho indicó que el Artículo 11 del tratado establece que para solicitar una detención provisional no es necesaria una evidencia formal de culpabilidad, sino la existencia de una acusación y el compromiso de presentar posteriormente la documentación correspondiente dentro del plazo previsto.
“Este obstáculo de ‘evidencia’ no es una necesidad legal, sino un cortafuegos político diseñado para ganar tiempo”, sostuvo la firma.
Por su parte, el gobierno federal ha señalado que los procedimientos deben apegarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales, lo que implica revisar cada solicitud antes de autorizar detenciones o extradiciones. La Fiscalía General de la República también ha referido que la información relacionada con estos casos debe manejarse con confidencialidad conforme a los acuerdos bilaterales.
