En Hidalgo, el número de cargos a elegir colocó a sus electores en condiciones desiguales frente a otros estados.
Un análisis académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM concluye que la elección judicial federal de 2025 vulneró principios básicos de la democracia, como el voto universal, la igualdad del sufragio y la representación de minorías, al establecer reglas diferenciadas que impactaron el peso del voto según la entidad federativa.
El texto, elaborado por el investigador Ciro Murayama Rendón, señala que las normas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivaron en una elección donde no todos los ciudadanos votaron en igualdad de condiciones.
De acuerdo con el estudio, uno de los principales problemas fue la disparidad en el número de cargos a elegir por boleta según el estado de residencia. Esto provocó que el valor del voto variara significativamente entre entidades, rompiendo el principio de “un ciudadano, un voto”.
En ese contexto, la investigación incluye datos comparativos que evidencian cómo el número de jueces y magistrados a elegir por entidad generó diferencias sustanciales. En algunos estados, los electores pudieron votar por más cargos, lo que incrementó el peso de su participación frente a otros.
Caso Hidalgo.
En el caso de Hidalgo, el análisis muestra que el número de cargos judiciales incluidos en la boleta se ubicó en un rango intermedio respecto al resto del país, lo que implicó que sus ciudadanos no estuvieron en las condiciones más desfavorables, pero tampoco en igualdad plena frente a entidades con mayor número de opciones de voto.
El documento subraya que esta variación llevó a que, en términos prácticos, el voto de un ciudadano pudiera valer varias veces más que el de otro dependiendo de su lugar de residencia. Esta situación, advierte, rompe con los estándares básicos de integridad electoral en sistemas democráticos.
Asimismo, el estudio destaca que el modelo de votación permitió que una minoría organizada concentrara la definición de cargos judiciales. Aunque participaron cerca de 13 millones de personas, los resultados reflejan que un porcentaje reducido del padrón terminó decidiendo la integración de órganos clave como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El análisis también advierte que el diseño de la elección favoreció esquemas de votación tipo “planilla”, en los que grupos de candidatos afines lograron concentrar los cargos disponibles, limitando la pluralidad y la representación de minorías.
Finalmente, la investigación concluye que la elección judicial operó bajo un esquema que debilitó los principios democráticos, al permitir desigualdad en el valor del voto, reducir la representatividad y facilitar la concentración de poder en los órganos del Poder Judicial.


