Por La iniciativa amplía restricciones más allá de cargos de elección popular e incluye empleos, comisiones y funciones en la administración pública.
La diputada local de Morena, Paloma Barragán Santos, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal que plantea impedir el acceso a cargos públicos a personas deudoras alimentarias o con antecedentes de violencia.
La propuesta tiene como eje central fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, mediante mecanismos que también aseguren la integridad ética de quienes aspiran o ejercen funciones en el servicio público.
De acuerdo con el planteamiento, no podrán acceder a empleos, cargos o comisiones dentro de la administración pública quienes cuenten con sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política de género, ni quienes aparezcan en registros de incumplimiento de pensión alimenticia.
La legisladora subrayó que, aunque una reforma previa de 2023 ya establece restricciones, esta únicamente aplica para cargos de elección popular, por lo que la nueva iniciativa busca cerrar vacíos legales al extender estas limitaciones a todo el aparato gubernamental.
En la misma sesión ordinaria, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura aprobaron con 25 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo.
El dictamen, impulsado entre otros por el legislador Miguel Ángel Moreno Zamora, tiene como propósito armonizar la legislación local con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con ello, el Congreso estatal busca reforzar los mecanismos de combate a la corrupción, así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.
