Por Periodistas advierten riesgos de censura en iniciativa de ley de protección al ejercicio periodístico.
Un grupo de reporteras, reporteros, fotógrafas y fotógrafos de Hidalgo expresó su preocupación por diversos aspectos de la iniciativa de Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de Hidalgo, que la diputada de Morena Tania Meza Escorza prevé presentar ante el Congreso local el próximo 10 de marzo.
A través de un posicionamiento público, las y los firmantes señalaron que si bien la propuesta surge de foros donde integrantes del gremio manifestaron la necesidad de contar con mecanismos de protección —especialmente tras agresiones recientes contra periodistas en regiones como La Huasteca y Tula-Tepeji—, algunos artículos del proyecto podrían abrir la puerta a mecanismos de censura previa, lo que contravendría la Constitución mexicana y tratados internacionales.
Uno de los puntos señalados es el Artículo 10, que plantea que las personas periodistas y colaboradoras deberán abstenerse de revelar información “de carácter reservado”. De acuerdo con el documento, la redacción podría interpretarse como una prohibición amplia que permitiría sancionar la difusión de información de interés público.
El posicionamiento subraya que el periodismo de investigación ha demostrado que, en múltiples casos, la difusión de información clasificada como reservada ha permitido revelar actos de corrupción o irregularidades de interés social. Por ello, se plantea que la legislación debe establecer con claridad que la difusión de información de interés público está protegida por el derecho a informar.
Las y los periodistas recordaron que la libertad de expresión y la libre difusión de ideas están garantizadas por los artículos 6 y 7 de la Constitución, que prohíben la censura previa, así como por instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 establece que las restricciones a la expresión solo pueden implicar responsabilidades posteriores.
Otra inquietud señalada se relaciona con el Artículo 18, que condiciona el acceso a la información pública a que esta sea considerada “de relevancia pública” y que su difusión esté permitida por la legislación vigente, lo cual —según el documento— podría dar pie a interpretaciones subjetivas por parte de las autoridades.
También se cuestiona la disposición que establece que el acceso a eventos de interés público organizados por particulares dependerá del consentimiento de los organizadores, lo que podría limitar la cobertura periodística incluso en asuntos de evidente interés social.
En el mismo sentido, el gremio manifestó preocupación por los artículos 38 al 43, que plantean que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a través de la Fiscalía de Protección a Periodistas, sea la instancia encargada de emitir acreditaciones oficiales, administrar un padrón estatal y expedir credenciales de periodista.
Las y los firmantes advirtieron que ningún ente público debe determinar quién es o no periodista, ya que estándares internacionales de libertad de expresión —como los establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos— consideran incompatible con la Convención Americana la colegiación obligatoria o el control estatal sobre el ejercicio del periodismo.
Además, señalaron que aunque el registro no se plantea como obligatorio, la existencia de un padrón y credenciales oficiales podría derivar en mecanismos de control, clasificación o exclusión, especialmente si el acceso a beneficios o medidas de protección depende de ese registro.
El posicionamiento también cuestiona que la Fiscalía de Protección a Periodistas tenga un papel central en la operación del mecanismo estatal de protección, ya que se trata de una autoridad encargada de investigar delitos que con frecuencia involucran a servidores públicos.
Asimismo, se considera excluyente que la iniciativa otorgue a asociaciones de periodistas y comunicadores la facultad de designar representantes del gremio en el mecanismo, pues se afirma que una gran parte de periodistas no se siente representada por agrupaciones formales.
De igual forma, se pidió analizar la pertinencia de que la Oficina de Comunicación Social y Agenda Digital del Gobierno de Hidalgo tenga presencia y poder de decisión en la Junta de Gobierno del mecanismo, debido a que históricamente esa instancia ha sido señalada como reguladora de la relación entre medios y publicidad oficial.
Las y los periodistas firmantes subrayaron que sus observaciones no buscan descalificar la iniciativa, sino contribuir a que la legislación garantice plenamente los principios de libertad de expresión, acceso a la información y pluralidad informativa.
Finalmente, hicieron un llamado a que el proceso legislativo permanezca abierto al diálogo con periodistas y especialistas en libertad de expresión, a fin de construir una ley que proteja el ejercicio periodístico sin generar disposiciones que puedan limitarlo.
En el documento también reiteraron su solidaridad con reporteras y reporteros que recientemente han sido agredidos durante coberturas en Tula y Atotonilco de Tula, y exigieron a las autoridades investigar y sancionar a los responsables, incluidos elementos de corporaciones de seguridad pública.
La iniciativa se retiró del orden del día de acuerdo con fuentes internas del congreso y no se presentará más en la actual legislatura.
