Por La iniciativa busca reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para fortalecer la investigación de este delito.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, presentó ante el Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación y sanción del delito de extorsión mediante la creación de una unidad especializada dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
La propuesta plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 12 de dicha ley para establecer que la PGJEH cuente con una unidad especializada en la investigación de este delito, integrada por ministerios públicos, policías y analistas con formación específica en la materia.
De acuerdo con el proyecto, el personal de esta unidad deberá contar con capacitación, evaluación, certificación y especialización conforme a los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de garantizar investigaciones más eficaces.
Actualmente, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo establece que la Procuraduría contará con unidades administrativas y especializadas para el cumplimiento de sus funciones, las cuales estarán integradas por ministerios públicos, policías de investigación, peritos y demás personal necesario para la investigación y persecución de los delitos, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Con la modificación propuesta, se incorporaría de manera expresa la obligación de contar con una unidad dedicada específicamente a la investigación del delito de extorsión.
La iniciativa responde al incremento que este delito ha registrado en distintas regiones del país y que afecta principalmente a empresas, comercios y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Asimismo, la propuesta se alinea con la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 2025, a partir de la cual se expidió la Ley General en Materia de Extorsión con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en el combate a este delito.
