Por La resolución corresponde al juicio oral 29/2025 y ordena remitir al sentenciado al juez de ejecución para el cumplimiento de la pena.
El Tribunal de Alzada del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) resolvió la sentencia condenatoria dictada contra Raúl Leyva Corona, declarado penalmente responsable del delito de usurpación de identidad en agravio de María Luisa Pérez Perusquía.
De acuerdo con el expediente judicial, el auto fue emitido el 27 de febrero de 2026 en Pachuca de Soto, luego de recibir el oficio TSJ/SCSPA/1112-2026, firmado por el magistrado Esteban Espinosa Ramírez, presidente de la Sala Colegiada del Sistema Penal Acusatorio.
En el documento se establece que la Sala Colegiada remitió la resolución dictada el 25 de febrero de 2026 dentro del toca penal 111/2025, mediante la cual se informa la sentencia definitiva condenatoria emitida el 5 de junio de 2025 en el juicio oral 29/2025.
El resolutivo señala que Raúl Leyva Corona se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, por lo que se ordenó ponerlo a disposición del juez de ejecución en turno, quien será la autoridad responsable de supervisar el cumplimiento de las penas impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Asimismo, el tribunal instruyó informar a las autoridades penitenciarias del estado, entre ellas la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y la administración del centro penitenciario, sobre la resolución emitida.
Finalmente, al no existir actos procesales pendientes dentro del juicio oral, el asunto fue archivado de manera definitiva en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, remitiéndose el expediente debidamente foliado y sellado, así como las videograbaciones correspondientes.
Denuncia por “venta de plazas”.
El 12 de febrero de 2020, la entonces diputada y presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, informó que a finales de enero de ese año varias personas solicitaron audiencia con ella para recibir informes “sobre las plazas de trabajo que les habían ofrecido”.
Ante ello, Pérez Perusquía informó a las víctimas que no tenía conocimiento de los hechos, que esa persona (Leyva Corona) no laboraba con ella y se deslindó de lo sucedido, por lo que acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por usurpación de identidad.
