Por Activista con asilo político anuncia posible denuncia penal contra presidenta de la CDHEH; OIC inicia investigación.
La activista feminista y víctima de violencia vicaria con asilo político en Estados Unidos, Haidee Franco Moreno, informó que en el plazo de un mes, previa consulta con su equipo jurídico, podría presentar una denuncia en contra de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, por los presuntos delitos de violencia institucional, abuso de autoridad y discriminación.
En conferencia de prensa virtual, Franco Moreno señaló que la titular del organismo autónomo obstaculiza el trabajo del Órgano Interno de Control (OIC), se niega a entregar su expediente y ha exhibido públicamente su caso en distintas ocasiones.
La activista explicó que su queja identificada con el número CDHEH-VG-1113-22 fue remitida en su momento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, aseguró que la ombudsperson mantiene una copia en su archivo personal y no en el institucional, lo que —sostuvo— ha impedido que se le entregue una copia del documento cuando lo ha solicitado.
Detalló que, derivado de diversas irregularidades en la atención de su expediente, el 15 de julio ingresó una queja administrativa ante el Órgano Interno de Control de la CDHEH por presunto abuso de funciones, ejercicio indebido del cargo y violaciones a los principios de legalidad, imparcialidad, trato digno y secrecía institucional, además de revictimización y exposición mediática indebida.
El 21 de julio de 2025, el OIC acordó iniciar formalmente la investigación bajo el expediente CDHEH-OIC-INV-05/2025.
Franco Moreno recordó que el 3 de agosto de 2023, durante una comparecencia ante el Congreso del Estado de Hidalgo, la presidenta de la CDHEH desacreditó públicamente su queja, al señalar que estaba “mal integrada” y que “nunca debió haberse iniciado”, además de revelar, según afirmó, detalles de un expediente que debía permanecer bajo reserva.
También indicó que en ese contexto se le imputó un supuesto intento de agresión física, versión que rechazó y calificó como falsa.
La activista agregó que, ante reiteradas negativas para entregar el expediente, una visitadora general fue retenida por elementos policiales durante aproximadamente dos horas, sin que se lograra acceder a la documentación solicitada.
Finalmente, solicitó la intervención del Congreso del Estado para sostener una reunión con diputados locales, así como la suspensión temporal de la funcionaria.
