Por Posible conflicto de interés con un diputado local y seguros catastróficos agrícolas y pecuarios no acreditados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó este 17 de febrero a la Cámara de Diputados la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, dentro de la cual el estado de Hidalgo figura con observaciones derivadas de la auditoría número 2024-1-01101-19-1115-16-001, correspondiente a una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Dicho número identifica el informe individual practicado al Gobierno del Estado de Hidalgo respecto del ejercicio de recursos federalizados, particularmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2024, cuya revisión abarcó el 100 por ciento del monto transferido.
Entre los hallazgos señalados por la ASF se documenta la adjudicación de la construcción de un bardeado perimetral por más de un millón de pesos a una empresa cuyos socios tendrían parentesco con un diputado local, lo que motivó observaciones por posible conflicto de interés y contratación indebida.
Asimismo, la auditoría expone que no se acreditó el pago de 96 millones de pesos correspondientes a contratos de seguros catastróficos agrícolas y pecuarios, sin evidencia de indemnizaciones a productores afectados, lo que derivó en señalamientos por presunto uso indebido de recursos públicos.
En materia laboral, el informe describe un esquema de piramidación de percepciones mediante el cual se pagaron 473 millones de pesos en conceptos adicionales sin incrementar el salario base, práctica que podría impactar la correcta determinación de obligaciones fiscales y generar afectaciones a la Hacienda Pública Federal.
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo también fue observada por pagos a personal con licencia sin goce de sueldo y por contratación de trabajadores sin perfil acreditado para el cargo desempeñado.
En el ámbito municipal, el municipio de Lolotla fue señalado por destinar recursos públicos a la construcción de una capilla, acción no permitida dentro de los lineamientos del fondo auditado, lo que representa riesgo de desvío y uso indebido de recursos.
La auditoría 2024-1-01101-19-1115-16-001 no sólo documenta observaciones administrativas, sino que formaliza una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, figura prevista en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, mediante la cual la ASF da vista a las autoridades competentes para que inicien procedimientos contra los servidores públicos que resulten responsables.
Esto implica que, de no solventarse las observaciones en los plazos establecidos, podrían derivarse investigaciones formales, sanciones administrativas e incluso responsabilidades resarcitorias.
Finalmente, Colmenares Páramo, informó que a nivel nacional se identificaron más de 54 mil millones de pesos pendientes de aclaración en el sistema subnacional.
En el caso de Hidalgo, el proceso de solventación y eventual determinación de responsabilidades marcará el siguiente capítulo de la fiscalización federal.
