Por Únicamente en casos excepcionales se recurrirá a consensos internos.
Ante los recientes escándalos que involucran a autoridades emanadas de sus filas, Morena alista un endurecimiento de los filtros internos para la selección de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027, con el objetivo de blindar su oferta política y evitar casos que comprometan a la llamada Cuarta Transformación.
La definición fue informada este fin de semana durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Nacional de Morena, encabezada por Luisa Alcalde Luján y Alfonso Durazo, donde se analizaron estrategias para orientar el trabajo de la dirigencia, autoridades y militancia.
De acuerdo con información compartida por la dirigencia nacional con diputadas, diputados, senadoras y senadores del partido, en el próximo Consejo Nacional —aún sin fecha definida— solo se validarán perfiles que, además de cumplir con los requisitos legales, no cuenten con sanciones administrativas ni antecedentes penales.
Asimismo, se confirmó que el método principal para la definición de candidaturas volverá a ser la encuesta, mecanismo con el que se buscará identificar a las y los aspirantes más competitivos y con mayor reconocimiento social. Únicamente en casos excepcionales se recurrirá a consensos internos.
Morena anunció que estos nuevos criterios se formalizarán en su siguiente Consejo Nacional, como parte de una revisión interna tras episodios que han generado cuestionamientos públicos. De acuerdo con La Jornada, la dirigencia considera indispensable reforzar los controles para impedir que perfiles con antecedentes lleguen a cargos de elección popular.
El anuncio se da después del llamado “caso Tequila”, en el que el alcalde Diego Rivera Navarro fue detenido por presuntos delitos de extorsión, delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico, lo que detonó una nueva ola de críticas hacia los procesos de selección de candidaturas del partido.
Desde la dirigencia nacional se aseguró que, a partir de ahora, los perfiles serán revisados con mayor rigor y que no pasarán aspirantes con antecedentes penales, en un intento por evitar que se repitan situaciones que afecten la imagen y el discurso político del movimiento rumbo a 2027.
