Por El Congreso del Estado de Hidalgo informó que se deslinda de manera categórica del uso, destino o aplicación que la diputada local con licencia María Guadalupe Cruz Montaño, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), haya realizado respecto a los recursos públicos que le fueron entregados durante el ejercicio de sus funciones legislativas, particularmente aquellos destinados a gestión social.
A través de un comunicado, el Poder Legislativo precisó que dichos recursos fueron otorgados con el propósito de atender necesidades sociales y apoyar actividades vinculadas al trabajo parlamentario, en estricto apego a los mecanismos presupuestales vigentes y con fundamento en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No obstante, el Congreso reiteró que la correcta aplicación, manejo y comprobación de los recursos públicos es una responsabilidad directa e individual de cada diputada y diputado, sin que el Poder Legislativo intervenga en su ejecución.
Asimismo, recordó que, de acuerdo con el Manual de normas y lineamientos para el ejercicio del gasto de la partida 399004 Desarrollo Parlamentario, las y los legisladores están obligados a presentar la comprobación correspondiente conforme a los plazos, requisitos y disposiciones administrativas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
El comunicado subraya que el Congreso no avala ni asume responsabilidad por acciones u omisiones que se encuentren fuera del marco legal, normativo y administrativo, y que cualquier irregularidad en el ejercicio del gasto debe ser atendida por las instancias competentes.
En ese contexto, se informó que la Contraloría Interna ya inició las diligencias de investigación correspondientes para esclarecer cualquier presunta irregularidad administrativa en el Poder Legislativo, como una posible malversación de recursos públicos o la falsificación de documentos por parte de servidores públicos.
El Congreso precisó que, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, la etapa de investigación es estrictamente reservada, por lo que no se pueden proporcionar detalles específicos, nombres o avances, a fin de no entorpecer las indagatorias y respetar el principio de presunción de inocencia.
Finalmente, el Poder Legislativo reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y fiscalización interna en beneficio de la ciudadanía.
