Por Estudio revela que el Estado Mexicano en su conjunto no solo no protege, sino violenta a la niñez y adolescencia
Niñas, niños y adolescentes de México siguen sufriendo invisibilización y discriminación en la garantía a sus derechos a ser protegidos en casos tan graves como el de las desapariciones en zonas como Chiapas.
Esto, lo reveló la primera edición del Datatón sobre niñez y adolescencia en México, 2023, estudio que se llevó a cabo en todo el país por organizaciones de la sociedad civil.
Además de padecer la falta de sistemas sólidos de atención y servicios de respuesta a la violencia sexual, es preocupante el rezago en los derechos que deben garantizarse a poblaciones indígenas y afrodescendientes del país.
Estos son algunos de los hallazgos documentados por organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en México.
A través de la Plataforma para Grupo de Trabajo con Datos sobre Infancia y Adolescencia, se señalan fuentes de información, descubrimientos y recomendaciones generadas en torno a la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México sobre diversos temas.
Se trata de un análisis colectivo realizado entre organizaciones nacionales e internacionales, universidades, academia y activistas, tal como lo revelaron en conferencia de prensa.
México, aún sin capacidad para dar respuesta y brindar servicios de atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes
El Estado mexicano forma parte de los países en desarrollo que aún no están preparados para proteger a la niñez y adolescencia.
Se trata de una tendencia mundial, tal como lo establece el Índice Out of the Shadows que evalúa el modo en que 60 países, en los que vive aproximadamente 85% de la población infantil mundial, previenen y responden a la Explotación y Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
El instrumento es el primer intento de una evaluación global de cómo los países están abordando el problema de la violencia sexual y en especial qué están haciendo para prevenir, basado en la forma en que los gobiernos abordan el problema en su intento de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Diohema Anlleu, directora del Incidencia de la organización Fundación JUCONI, señaló la importancia de crear sistemas sólidos de atención y servicios de respuesta, focalizados en la protección de niñas, niños y adolescentes, con enfoque de derecho en la niñez, que trabajen para cambiar los factores estructurales que permiten que se (re) produzca la violencia sexual.
“ya que se sabe que es la única manera de combatir eficazmente este problema complejo como lo es la explotación y la violencia sexual”.
Estos sistemas deben ser supervisados, evaluados y adaptados periódicamente, independientemente del nivel de prevalencia y pertinencia, mediante los servicios de respuesta a las infancias.
Para ello “es primordial crear sinergia entre el gobierno y la sociedad civil que tiene la experiencia en el tema con modelos de respuesta e intervención”.
Además, “proponer estrategias que permitan avanzar en legislación y políticas de protección de acuerdo con los contextos locales y normas internacionales y en especial, garantizar que el proceso judicial se adapte a las necesidades de la niñez, con personal especialmente formado y espacios seguros”.
Infancias indígenas y afrodescendientes rezagadas.
Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), manifestó también su preocupación por el permanente rezago en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de niñas, niños y adolescentes indígenas que vivían en situación de pobreza en México durante 2020 era 39.5 puntos mayor al registrado en la población no indígena.
Mientras que, según cifras del Censo 2020, una (1) de cada siete (7) personas afrodescendientes de 3 a 17 años de edad en México no asistía a la escuela en 2020; esto correspondía a casi 84 mil niñas, niños y adolescentes afrodescendientes.
“La garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena y afrodescendiente es una obligación que tiene el Estado mexicano, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Mexicana y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La REDIM hizo un llamado urgente al Estado mexicano y a sus autoridades para que se implementen medidas de acción efectivas “que eliminen el rezago en el acceso a los derechos en la población infantil y adolescente indígena y afrodescendiente”, dijo.
Niñez expuesta a entornos alimentarios no saludables
Las infancias mexicanas también siguen siendo víctimas de entornos alimentarios que propician graves enfermedades.
Estudios documentados por la organización El Poder del Consumidor revelan que en una jornada escolar, niños y niñas consumen hasta 550 calorías provenientes de productos chatarra, lo que les expone a la prevalencia de la obesidad, que aumenta en 50% al terminar la educación primaria.
El Poder del Consumidor alertó sobre los reportes recibidos de 4,126 escuelas de todo el país durante el ciclo escolar 2018-2019 desde la plataforma Mi Escuela Saludable, un espacio que desde distintas acciones vigila el cumplimiento de la ley actual sobre la venta y expendio de alimentos y bebidas.
Los resultados arrojaron que 74% de los planteles continuó con la venta de refrescos y 98% con la venta de comida chatarra, mientras que 75% de éstos no hubo venta de verduras, frutas ni acceso a bebederos.
“A nueve años de la implementación de los Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas de educación básica, no existe registro de su aplicación ni de sanciones por incumplimiento.
Situación de los SIPINNAs estatales durante 2022
Hasta el 2022 sólo 31.3% de los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNAs) estatales que responde al mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) contaban con Programa de Protección Integral vigente y publicado”.
71.9% no cumplió con el número de sesiones ordinarias establecidas en sus leyes estatales; 53.1% no cuentan con Sistema de Información; 62.5% no contaban con la representación de OSC y sólo 12.5% cuentan con la figura de red o consejo consultivo integrado por niñas, niños y adolescentes.
Los datos recabados y expuestos por el Grupo de Trabajo con Datos sobre Infancia y Adolescencia de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) contaron con el acompañamiento de la organización SocialTIC, que se enfoca en acompañar y fortalecer conocimientos para el uso estratégico y tecnológico.
En este sentido, utilizando datos e información obtenida de distintas fuentes, así como de data levantada y creada por las mismas organizaciones para visibilizar problemáticas que ninguna otra fuente de información oficial proveé, explicó Frida García Celis, coordinadora de Apertura y Uso de Datos de la organización SocialTic.
Chiapas, el 4to estado con población infantil y adolescente desaparecida
De acuerdo con La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) pocas veces son reconocidas las desapariciones en esa entidad, pese a ocupar el 4to lugar con mayor número de población infantil y adolescente desaparecida en el país.
Así lo muestran los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que al 2022 contabilizaron 849 casos de desaparición en Chiapas. De ese total, 45.5% eran menores de 18 años de edad.
La información recabada por la organización Melel Xojobal y analizada en conjunto con REDIAS determinó que la sistematización de fichas de búsqueda publicadas por la propia Fiscalía del Estado evidencia un subregistro en las cifras del RNPDNO.
Del 2021 al 2022 en Chiapas se ha denunciado la desaparición de 1,171 niñas, niños y adolescentes.
Tan solo durante el último año, se denunciaron un promedio de 45 desapariciones por mes, siendo las niñas y adolescentes mujeres el grupo más afectado.
Desde Melel Xojobal y REDIAS se considera fundamental realizar una campaña de capacitación con autoridades locales sobre el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes para que conozcan sus responsabilidades y el procedimiento a seguir ante la desaparición de población infantil y adolescente.
En particular, debe priorizarse la generación de acciones de capacitación en los cinco (5) municipios que concentran la mayor cantidad de casos: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Palenque.
