Por La Red Nacional de Refugios recordó que durante cinco años consecutivos el presupuesto ha llegado con retrasos.
La Red Nacional de Refugios (RNR) manifestó su preocupación por los Lineamientos de Operación y la Guía Operativa 2026 del Programa para la Prevención y Detección de Violencias Feminicidas, al advertir que representan un retroceso en la garantía del derecho de mujeres, niñas y niños a una vida libre de violencia.
La organización civil señaló que, si bien para el ejercicio fiscal 2026 se asignaron 515 millones 33 mil 86.90 pesos al Componente C —Apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos—, el crecimiento real del presupuesto, descontando inflación, es apenas alrededor del 2 por ciento, lo que consideró insuficiente.
Además, alertó que al ampliarse el acceso a estos recursos a otros espacios como Casas de Emergencia y Casas de Transición, el presupuesto destinado a cada refugio se reduce y se dispersan los recursos, afectando la atención integral.
La RNR también advirtió que los Lineamientos no establecen un calendario claro para la convocatoria, evaluación y ministración de los recursos, lo que genera incertidumbre operativa.
Recordó que durante cinco años consecutivos el presupuesto para los refugios ha llegado con retrasos, comprometiendo la continuidad de servicios que previenen feminicidios y restituyen derechos.
Otro de los señalamientos centrales es la precarización del personal especializado y el debilitamiento de la seguridad, ya que la Guía Operativa contempla la reducción de honorarios y del presupuesto destinado a la protección de los espacios, medidas que la Red calificó como inadmisibles por poner en riesgo la vida y la integridad de mujeres, niñas, niños y del propio personal.
Asimismo, la organización expresó su preocupación por nuevas obligaciones impuestas a las instancias operadoras, como la exigencia de presentar el Acta de Cierre del Proyecto 2025 sin que la autoridad haya emitido resultados o retroalimentación, así como la demanda de acreditar solvencia con recursos propios suficientes, trasladando —advirtió— la responsabilidad financiera del Estado a las organizaciones civiles.
Desde una perspectiva feminista y con más de 25 años de trabajo en la defensa de derechos, la Red afirmó que la política propuesta prioriza procesos administrativos por encima de la calidad y pertinencia de la atención.
En ese sentido, Wendy Figueroa Morales, directora de la organización, sostuvo que sin un presupuesto suficiente, certeza en la asignación de recursos y corresponsabilidad plena del Estado, no es posible garantizar justicia ni igualdad sustantiva para las mujeres.
Foto: Cuartoscuro.
