Por Antes del 31 de diciembre, Jessica Blancas debía solventar observaciones, lo que no ocurrió.
Por CentralMX
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (Auditoría Superior del Estado de Hidalgo) deberá presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo) contra Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas del gobierno de Omar Fayad Meneses, luego de que venciera el plazo otorgado para solventar observaciones por casi 60 millones de pesos sin que éstas fueran aclaradas.
De acuerdo con lo informado por el auditor superior del estado, Jorge Valverde Islas, el cinco de noviembre de 2025 —en declaraciones exclusivas a CentralMX— y posteriormente en diciembre, durante entrevistas con diversos medios de comunicación, la exfuncionaria tenía como fecha límite el 31 de diciembre para atender los señalamientos derivados de procesos de fiscalización.
El propio titular de la ASEH advirtió que, de no cumplirse ese plazo, se procedería penalmente.
El término se cumplió y, conforme a la información confirmada con la propia ASEH, no se solventaron las observaciones, por lo que el organismo deberá formalizar la denuncia ante la procuraduría estatal, en cumplimiento de sus atribuciones legales.
Además de este expediente, permanece abierto el caso relacionado con aproximadamente 800 millones de pesos que fueron depositados en el Banco Accendo (Banco Accendo), un asunto que ha sido señalado por la Auditoría como pendiente de aclaración y que forma parte de los temas relevantes en revisión dentro del órgano fiscalizador.
Valverde Islas ha reiterado en sus posicionamientos públicos que los plazos y consecuencias están previstos en la normativa de fiscalización, y que la ASEH no puede prorrogar términos una vez vencidos.
Las observaciones corresponden a cuatro contratos: la creación de una plataforma de inteligencia de negocios para el seguimiento y monitoreo del gasto público; un diagnóstico sobre la gestión de resultados para la unidad técnica de evaluación del desempeño; el arrendamiento y colocación de pantallas para la difusión de actividades gubernamentales; y una consultoría sobre control interno para la Dirección General de Administración.
Con la falta de solventación, el procedimiento pasa del ámbito administrativo al penal, quedando en manos de la autoridad ministerial la integración de la carpeta correspondiente y la determinación de responsabilidades.
