Por Poder local, reglas y responsabilidad institucional
Por Yarely Melo Rodríguez
Columna Poder con Propósito
El disenso es parte esencial de la vida democrática.
Sin conflicto no hay deliberación.
Pero no todo conflicto fortalece a las instituciones.
Existe un punto —delicado pero real— en el que la objeción deja de ser argumento y se convierte en método. Cuando disentir ya no busca mejorar una decisión, sino bloquearla. Cuando la advertencia jurídica deja de ser una herramienta de cuidado institucional y se transforma en un recurso de presión inmediata.
Norberto Bobbio advertía que la democracia no se sostiene solo en la voluntad de decidir, sino en el respeto a las reglas que permiten decidir sin destruir al propio órgano. Esa advertencia cobra especial sentido en el ámbito municipal, donde los equilibrios son frágiles y el trabajo colegiado depende más del respeto que de la fuerza.
En los órganos colegiados, disentir implica responsabilidad. No todo desacuerdo exige confrontación permanente. No toda diferencia amerita judicializarse antes de agotarse los cauces internos. Cuando la amenaza sustituye al razonamiento, el debate se empobrece y la institución se desgasta.
Hay prácticas que, sin ser ilegales, son profundamente nocivas: insistir fuera de los espacios formales, forzar consensos apresurados, objetar todo sin distinguir lo esencial de lo accesorio, o convertir el lenguaje jurídico en una forma de intimidación. Estas conductas no fortalecen la legalidad; la trivializan.
El poder público no se ejerce desde la estridencia.
Se ejerce desde el dominio del procedimiento.
Las comisiones y mesas de trabajo existen para ordenar ideas, no para imponer voluntades. No son tribunales, ni escenarios de confrontación personal. Son espacios técnicos cuya legitimidad depende de una condición básica: respeto a los límites del cargo y al trabajo colectivo.
Cuando el conflicto se vuelve permanente, deja de ser democrático. Cuando la beligerancia ocupa el lugar de la razón, la deliberación se rompe. Y cuando eso ocurre, no gana quien más objeta: pierde la institución.
Gobernar con propósito implica saber cuándo insistir y cuándo contenerse.
Cuándo señalar y cuándo permitir que los procesos sigan su cauce.
Porque el poder que no se regula a sí mismo termina atrapado en el conflicto que genera.
Esta columna no cuestiona el derecho a disentir.
Cuestiona el uso del conflicto como estrategia de ir en contra de todo y a favor de nada. Eso frena el desarrollo y afecta directamente a las y los ciudadanos.
En la vida pública, la firmeza no se mide por el volumen de la voz ni por la frecuencia de la amenaza, sino por la capacidad de sostener reglas comunes incluso en el desacuerdo.
Ahí, y solo ahí, el poder conserva sentido.
Yarely Melo Rodríguez
Abogada Maestra en Administración Pública
