Por La organización ARTÍCULO 19 México y Centroamérica lanzó un llamado urgente a revisar los marcos normativos que, advirtió, están siendo utilizados como herramientas de censura y hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación en el país.
De acuerdo con su más reciente reporte, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial contra la prensa. En total, 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres— y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra, lo que equivale, en promedio, a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días.
ARTICLE 19 señala que este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano, que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. Aunque la organización ha advertido sobre esta tendencia desde 2016, en tan solo siete meses de 2025 ya se superó el número de víctimas registrado en cualquier año previo.
El informe advierte que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que ahora se traslada a los tribunales, mediante demandas civiles, denuncias penales y procedimientos administrativos o electorales, los cuales generan desgaste económico, legal y personal para periodistas y medios.
Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). ARTICLE 19 subraya que este mecanismo, diseñado originalmente para combatir la discriminación estructural contra las mujeres, se está utilizando de forma desproporcionada y abusiva para inhibir el debate público, llegando incluso a ordenar la eliminación de publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.
Ante este escenario, la organización reiteró que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar y proteger la libertad de expresión y el acceso a la información, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y exigió a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa por vías electorales, civiles, penales o administrativas.
