Por Por Yarely Melo Rodríguez
A las mujeres en política siempre se nos ha querido dar el poder por entregas, como si fuera un favor y no un derecho.
Hoy se plantea que una mujer gobierne Hidalgo en 2028…
pero solo por dos años.
Después, en 2030, se restablece el periodo completo, nuevamente abierto a los hombres.
No es paridad.
No es igualdad.
No es reparación histórica.
Es una maniobra para administrar la presencia femenina sin alterar la estructura del poder, esa que desde hace décadas ha sido diseñada, ocupada y controlada por hombres.
La filosofía política ha advertido que cuando el poder concede sin transformar, no hay avance: hay simulación.
Hannah Arendt describiría este escenario como una forma de autoridad mutilada: presencia sin capacidad, reconocimiento sin autonomía.
Y eso es exactamente lo que se propone.
Una mujer sentada en la silla gubernamental, pero sin el tiempo necesario para planear, ejecutar, corregir y gobernar.
Un mandato reducido no rompe el techo de cristal; apenas cambia el ángulo del golpe.
Desde la perspectiva jurídica, el principio constitucional de igualdad sustantiva es claro: no basta con permitir el acceso formal al cargo; se requieren condiciones equivalentes para ejercer el poder.
Un mandato recortado, presentado como oportunidad, vulnera ese principio.
La ciencia política ha documentado ampliamente —con autoras como Mona Lena Krook, Flavia Freidenberg, Jennifer Piscopo, Julieta Suárez-Cao y María del Carmen Alanís— que cada vez que las mujeres reclaman espacios reales de decisión, las estructuras reaccionan con mecanismos de resistencia institucional:
violencia simbólica,
limitación de recursos,
obstaculización administrativa,
boicot político,
campañas de desprestigio,
y ejercicio del poder sin permitir ejercerlo.
Krook define este fenómeno como la reacción adversa al empoderamiento femenino: no porque una mujer llegue, sino porque su llegada amenaza la arquitectura política tradicional.
Piscopo advierte que estas reacciones suelen presentarse como prácticas “normales” del sistema, cuando en realidad funcionan como mecanismos de expulsión encubierta.
Freidenberg señala que estas estrategias neutralizan la participación efectiva de las mujeres incluso cuando cumplen plenamente las reglas democráticas.
Suárez-Cao lo sintetiza con claridad: las medidas de paridad solo funcionan si van acompañadas de condiciones reales de poder, no cuando se ofrecen como concesiones temporales.
Eso es exactamente lo que encierra la propuesta 2028:
un espacio reducido que tranquiliza conciencias, pero no transforma la vida pública.
No se trata de una opinión individual.
Se trata de la constatación de un patrón estructural:
Las mujeres ganan elecciones, pero no gobiernan.
Las mujeres se postulan, pero se les retiran recursos.
Las mujeres llegan, pero se les margina de las decisiones.
Las mujeres se sientan en la silla, mientras otros conservan el control del escritorio.
Esto es violencia política en su dimensión simbólica e institucional.
No golpea el cuerpo, pero golpea la capacidad de gobernar.
No amenaza la vida, pero amenaza el proyecto.
Y ahora se pretende repetir ese patrón en la gubernatura:
una mujer para cerrar un ciclo, no para abrir uno nuevo;
una mujer que legitime el proceso, sin alterar los acuerdos internos;
una mujer celebrada, pero sin margen real de autoridad.
Durante años, a muchas mujeres se nos ha asignado el papel de operar estructuras, de sostener procesos y de hacer que las cosas funcionen mientras otros concentran la decisión final. Esa lógica sigue vigente, y es precisamente la que esta propuesta reproduce.
Hoy es necesario decirlo con claridad:
La paridad no se cumple con mandatos simbólicos.
La paridad se cumple con poder real.
Y un mandato recortado no es poder: es cuota.
Hidalgo no necesita una mujer de transición.
Necesita mujeres gobernando con tiempo, con autoridad, con recursos y con legitimidad plena.
No se trata de agradecer turnos ni aceptar concesiones.
La igualdad no se negocia.
La igualdad se ejerce.
Porque el poder con propósito no se concede:
se ejerce con dignidad, y de manera completa.
Yarely Melo Rodriguez
Abogada, Maestra en Administración Pública.
