Por El Congreso estatal avaló modificaciones para transparentar el incumplimiento de pensión alimenticia y combatir la violencia económica.
El Congreso del estado de Hidalgo aprobó la iniciativa para reformar la Ley para la Familia, con lo cual el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos será público.
La modificación marca un precedente en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al permitir mayor transparencia sobre quienes incumplen con obligaciones alimentarias.
La reforma establece que toda persona obligada a otorgar pensión alimenticia que mantenga un adeudo durante 90 días consecutivos o dentro de un año será inscrita en el Registro, salvo que acredite estar al corriente o cubrir la deuda correspondiente.
Tras confirmarse el incumplimiento, el Juez de lo Familiar deberá ordenar de inmediato la inscripción.
De acuerdo con la exposición de motivos, la medida atiende un problema que permaneció sin visibilidad durante años: la violencia económica ejercida contra quienes dependen de la pensión alimenticia para su desarrollo integral.
La diputada morenista Tania Meza Escorza, impulsora de la propuesta, afirmó que la reforma responde a una exigencia social encabezada especialmente por mujeres y colectivas que denuncian la violencia económica.
“Esto es justicia. Visibilizar a quienes incumplen su obligación alimentaria es dejar de normalizar una forma de violencia que afecta directamente a las infancias”, señaló durante la sesión.
Meza recordó que entidades como Oaxaca, Coahuila, Puebla y la Ciudad de México ya cuentan con registros públicos y han demostrado que estas herramientas fortalecen la protección de los derechos de la niñez y reducen la impunidad.
El Registro será público sin vulnerar datos personales, pues se regirá por las leyes en materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados.
Su finalidad es que la ciudadanía conozca qué personas han evadido una responsabilidad legal que impacta en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Con esta decisión, Hidalgo se suma a los esfuerzos nacionales inspirados en la llamada Ley Sabina, orientada a combatir la violencia económica y vicaria mediante mecanismos institucionales de mayor eficacia.
