Por Organizaciones de la región Tula–Tepeji señalan opacidad, riesgos sanitarios y falta de información.
Diversos colectivos y defensores del medio ambiente en la región Tula–Tepeji reiteraron su rechazo al llamado “Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo” y anunciaron nuevas acciones de movilización, al acusar que el proceso de consulta impulsado por autoridades estatales no garantiza participación ciudadana real ni acceso a información técnica del proyecto.
Durante una conferencia de prensa, representantes de organizaciones de Apaxco, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula advirtieron que la zona enfrenta condiciones ambientales críticas derivadas de múltiples fuentes de contaminación acumuladas por décadas.
El doctor Refugio Choreño, del municipio de Apaxco, presentó datos de investigaciones realizadas en la región, donde —según explicó— confluyen sectores industriales considerados entre los más contaminantes del país y del mundo, como la refinación del petróleo y la generación de energía eléctrica.
Señaló que la refinería de Tula tiene un área de influencia de hasta 100 kilómetros, afectando directamente a una población estimada en 500 mil personas e indirectamente a más de 20 millones, al llegar sus emisiones incluso a la Ciudad de México. Añadió que desde los años noventa la industria cementera incorporó combustibles derivados de residuos, lo que incrementó la emisión de compuestos altamente tóxicos.
Entre los contaminantes más frecuentes en la región mencionó óxidos de azufre, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles. De acuerdo con las investigaciones citadas, la termoeléctrica aporta aproximadamente 33% del dióxido de azufre emitido por la industria del Valle de México.
En su intervención, el activista René Trejo expuso que las plantas de tratamiento de aguas residuales no cumplen con la normatividad vigente y que la descarga del Emisor Central ha profundizado la degradación ambiental en la región. Señaló también procesos de deforestación y uso de suelo sin regulación que agravan la problemática.
Otro de los participantes, Gustavo Reyes, habitante de Tlaxcoapan, y Alberto González, representante de colectivos locales, cuestionaron la legalidad y transparencia del proceso de consulta ciudadana convocado por el gobierno estatal.
Afirmaron que la convocatoria oficial se publicó el 2 de diciembre, fecha en la que simultáneamente inició un procedimiento que, según la normativa, debería comprender al menos tres etapas: informativa, de diálogo y de emisión de opinión.
Indicaron que, a la fecha, no se ha garantizado el acceso a información técnica mínima, pues no se ha presentado públicamente la Manifestación de Impacto Ambiental ni el proyecto ejecutivo, ni estudios específicos sobre manejo y tratamiento de residuos. Según los colectivos, aun solicitados formalmente, estos documentos no han sido entregados.
También denunciaron que el gobierno estatal inició una campaña de promoción del proyecto un día después de la publicación de la convocatoria, lo que —afirmaron— rompe la neutralidad del proceso y coloca a la autoridad como “juez y parte”.
Respecto al acompañamiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), los colectivos señalaron que su participación es únicamente técnica y no implica responsabilidad sobre la definición de la pregunta o de los criterios del ejercicio. Subrayaron que el propio acuerdo establece que no se trata de una consulta popular constitucional, por lo que sus resultados no tendrían efectos vinculantes.
Los representantes concluyeron que el plazo de 12 días otorgado a la ciudadanía para analizar un proyecto de alto impacto ambiental, sanitario, social y económico no permite una deliberación informada.
Llamaron a la población a mantenerse vigilante y a participar en las movilizaciones anunciadas para expresar su postura frente a lo que consideran un proceso “apresurado, parcial e insuficientemente transparente”.
Las organizaciones reiteraron que continuarán solicitando acceso a la documentación técnica del proyecto y exigiendo que cualquier decisión sobre el mismo se tome bajo criterios científicos, ambientales y de interés público.
Finalmente, exhortaron a la ciudadanía y a organizaciones ambientalistas a sumarse a las movilizaciones para exigir un verdadero proceso democrático y decisiones basadas en el bienestar de las comunidades.
