Por Busca fijar un perfil jurídico, ético y técnico en la designación del titular del área.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas, representante del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo, presentó una iniciativa de decreto para adicionar el artículo 186 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el objetivo de establecer requisitos formales y uniformes para quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Servicios Legislativos.
La legisladora expuso que esta secretaría es un órgano central en el funcionamiento del Poder Legislativo, responsable de coordinar, apoyar y dar seguimiento al proceso legislativo en todas sus etapas, además de garantizar el adecuado desarrollo de las sesiones, la asistencia técnica a diputadas y diputados, la administración de iniciativas y proyectos, la elaboración y certificación de actas, el resguardo de documentación parlamentaria y la operación de servicios como estenografía, videograbación, archivo y biblioteca.
En la iniciativa se señala que diversos congresos del país exigen perfiles especializados para puestos de alta responsabilidad técnica, generalmente con formación en Derecho. En ese sentido, Luna Islas argumentó que la incorporación de requisitos mínimos en la legislación hidalguense permitiría armonizar la norma local con los estándares nacionales de profesionalización parlamentaria y evitar rezagos en la conducción jurídica del trabajo legislativo.
El proyecto plantea que la persona titular de la Secretaría de Servicios Legislativos cuente al menos con título profesional de Licenciatura en Derecho con tres años de antigüedad, buena reputación y honorabilidad, y que no haya ocupado cargos de dirección partidista o de elección popular durante el año previo. También se establece que no debe haber sido condenada por delito doloso ni por responsabilidad oficial, que no sea ministro de culto religioso y que acredite conocimientos y experiencia ante la Comisión Permanente de Gobernación.
La diputada subrayó que estos requisitos buscan fortalecer la integridad y neutralidad de la función legislativa, asegurar la adecuada interpretación y aplicación de la normativa parlamentaria y garantizar que la Secretaría opere bajo criterios técnicos, jurídicos y de imparcialidad. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.
